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Eco Huarpe > Robo y faena clandesrtina

Cementerio de caballos en San Juan: la Justicia espera informes clave para los próximos pasos

El juez de Paz de Angaco, Adrián Cuevas, ordenó medidas a distintas entidades del Estado, pero aún espera informes clave para determinar responsabilidades en el depósito ilegal de animales muertos. El caso plantea serios interrogantes sobre el impacto ambiental y la identificación de los responsables.

23 de agosto de 2024
El juez de paz de Angaco tiene que determinar quién o quiénes fueron los que arrojaron esos animales ahí, de quiénes son esos animales y qué impactó ambiental se está generando.

Luego de que DIARIO HUARPE hallara cientos de esqueletos de caballos, diseminados en un campo de Angaco, producto del robo y faena clandestina, el juez de Paz de Angaco, Adrián Cuevas, inició una investigación por el arrojo de residuos (animales muertos) en un espacio no habilitado para tal fin, una contravención que está contemplada en el punto A del artículo 169 del Código de Faltas de San Juan, pero, hasta el momento, no tiene respuestas concretas.

"Cuando ingresó la denuncia de la Secretaría de Ambiente, inmediatamente ordené una serie de oficios a la Policía Departamental, al municipio de Angaco y a la misma Secretaría de Ambiente", contó Cuevas. "Pero, todavía estoy esperando las respuestas de dos de estos organismos", agregó.

Los oficios buscan esclarecer varios aspectos: la identificación del inmueble donde se hallaron los animales muertos, la existencia de posibles habilitaciones para esta práctica y uso de la propiedad y, sobre todo, la determinación del impacto ambiental que esta situación puede estar generando.

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"Hasta el momento, el único oficio respondido ha sido el de la Policía Departamental", señaló Cuevas, quien a la vez explicó que el informe policial no ha aportado nuevas luces sobre el caso. "En palabras más, palabras menos, dice lo mismo que lo informado en la nota de DIARIO HUARPE. El dato más relevante de ese informe es que, por cómo se han faenado los animales, no han podido identificar señales o marcas de los caballos", indicó el juez.

Vale recordar que por sus competencias, Cuevas, como juez de paz, tiene que ajustarse al Código de Faltas de la provincia y no al Código penal. Por lo tanto, él tiene que determinar quién o quiénes fueron los que arrojaron esos animales ahí, de quiénes son esos animales, y qué impactó ambiental se está generando.

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Sin relación directa

El juez también hizo referencia al caso reciente en Chimbas, en el cual hubo detenciones y condenados por faena clandestina de caballos, pero aclaró que este hecho no guarda relación directa con el depósito de animales muertos en El Bosque. "Este es un cementerio clandestino, que hay que dilucidar otros interrogantes. Y entre ellos, que la Secretaría de Ambiente diga, técnicamente, cuál es el impacto ambiental que esto genera y cuál va a ser la metodología que se tiene que aplicar para remediar el lugar", explicó.

El impacto ambiental es una de las preocupaciones en este caso, aunque por ahora, el juez se ve obligado a esperar los informes técnicos de dicha Secretaría para poder avanzar en la causa. "Supongo que hay un impacto ambiental, pero tengo que esperar el informe para continuar", afirmó.

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Otro punto crucial en la investigación, es determinar si el municipio de Angaco estaba al tanto de la existencia de este cementerio clandestino y si hay un propietario identificado para el campo donde se encontraron los restos de animales. "Obviamente, también necesito saber si el municipio sabía o no de la existencia de este cementerio y si hay un propietario de ese campo. En fin, toda información que le compete al municipio de Angaco", comentó el juez.

A pesar de las acciones hechas para avanzar en la investigación, Cuevas confirmó que la situación en el lugar permanece inalterada. "El lugar sigue igual", aseveró, "porque tengo que esperar la contestación de Ambiente para ver qué medida tomó al respecto".

El hallazgo de más de 300 esqueletos de caballos en el distrito de El Bosque, descubierto por DIARIO HUARPE, ha visibilizado una situación alarmante que requiere respuestas urgentes. Sin embargo, la falta celeridad por parte de las entidades implicadas, está dejando en el limbo una investigación que podría tener consecuencias para el medio ambiente, y más aún, para la salud pública de la provincia.

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