Morosidad en el IPV: en San Juan, el 30% debe los créditos para construir

"Se deja sin efecto la asistencia financiera otorgada para la construcción de la vivienda identificada como (...) Se intima al grupo familiar beneficiario y/o todo ocupante a que, en el plazo de 10 días hábiles, proceda al pago total de lo adeudado", esta es la fórmula con la que el IPV intima a los deudores que podrían perder la casa que construyeron con un crédito. Se trata de los morosos que, a pesar de varias intimaciones, no se pusieron al día y llegaron a la última instancia: que la deuda pase a Fiscalía de Estado.

Si bien los que están en esta situación son los menos, hay un 30% de los beneficiarios que construyeron o ampliaron con fondos del instituto que deben tres o más cuotas. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Daniela Cangialosi, subdirectora del IPV.

La funcionaria explicó que el porcentaje es similar al del resto de las operatorias, ya que en los barrios que se entregan terminados por sorteos u operatorias sindicales, el nivel de demora en el pago es el mismo. Y si bien es un número todavía alto, en los últimos años consiguieron que la morosidad bajara en el instituto. Además, explicó, las recientes crisis económicas no dispararon estos niveles.

“El IPV viene haciendo campañas desde el 2019 para incentivar que los beneficiarios se pongan al día”, explicó. Esto incluyó moratorias, nuevas formas de pago, avisos masivos y hasta sumaron que aquellos que adeudan sus cuotas son ingresados al sistema de calificación crediticia Veraz. Con todo esto redujeron los casos de morosidad del 50 al 30%.

“No alcanzamos los niveles que queríamos, pero se consiguió un buen avance en el nivel de pago en todas las operatorias”, explicó.

En el caso de las operatorias de créditos para construir y remodelar viviendas, existe un procedimiento de varias etapas en caso de demoras extremas en el pago. La primera alerta llega a los tres meses de deuda y si la situación no se regulariza, los beneficiarios pueden perder incluso el lote donde construyeron la vivienda, debido a que es la garantía para el préstamo a través de una hipoteca.

Antes de llegar a esta instancia la oficina ofrece alternativas de refinanciación y se comunican con los adjudicatarios. Pero si los avisos formales y administrativos no funcionan, llega al punto del edicto que publica el IPV por el que el caso queda en manos de la Fiscalía de Estado. Estos aparecen en el Boletín Oficial y también se notifica a los beneficiarios.

Este es el límite de la mayoría de los que son intimados. “De los casos que tuvimos prácticamente todos se arreglaron cuando alcanzaron esta última instancia, porque entienden que están en riesgo de perder no solo la casa, también el lugar donde la construyeron que les pertenecía desde antes”, explicó.

Pero al llegar a este punto los beneficiarios pierden las alternativas blandas para ponerse al día. “En este punto tienen que pagar toda la deuda de una vez y también los honorarios de los abogados, por eso insistimos muchas veces en que no conviene llegar a este punto”, insistió la funcionaria. Además, recordó que el pago de la cuota permite que sigan construyéndose viviendas.

Dato

• Solo en el boletín oficial del 15 de septiembre aparecen tres intimaciones de deudores del IPV cuyo caso llegó a Fiscalía de Estado. En la mayoría de las publicaciones del mismo aparecen estos trámites.
• 350 operatorias por año para construir o ampliar entrega el IPV y en todos los casos se hace con hipoteca del terreno donde se construirá.
• El pago de la cuota empieza cuando termina la construcción de la vivienda o a los 12 meses de que terminaron de entregar los fondos.