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Tras el DNU de Milei, los alquileres en San Juan se actualizan cada cuatro meses

La derogación de la Ley de Alquileres promovida por el DNU de Milei alentó la firma libre de contratos entre las partes, sin limitantes. De acuerdo al Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, hoy en día, la mitad de los acuerdo se suscriben con actualizaciones cuatrimestrales.

26 de enero de 2024
El DNU de Milei ya está causando los primeros efectos en el mercado inmobiliarios. Foto de archivo.

Desde la vigencia del DNU del presidente Javier Milei, en San Juan, la mayoría de los contratos de alquiler se firman con actualizaciones cuatrimestrales y por el plazo de dos años. Esto permite al sector inmobiliario modificar los valores acorde a la inflación y evitar que haya atrasos en los precios. Con la pasada Ley de Alquileres, los contratos se suscribían obligatoriamente por tres años y con una actualización anual o semestral (en caso de la última sancionada en octubre del 2023) acorde al Índice de Contratos de Locación (ICL), lo que desalentó al mercado por la creciente inflación de la economía.  Desde el Colegio de Corredores Inmobiliario de la provincia ven con buenos ojos los acuerdos libres entre partes, ya que afirman que le dio estabilidad a un ámbito que estaba frenado.

Por la Ley de Alquileres sancionada en 2020 y luego en octubre del 2023, el mercado inmobiliario sufrió de un parate y la oferta de inmuebles escaseaba. Es que los propietarios no querían firmar contratos por tres años y con una actualización anual o semestral, porque terminaban atrasados con el índice de inflación. Con la vigencia del DNU de Milei, Iván Orozco, vicepresidente del el Colegio de Corredores Inmobiliarios, afirmó que el mercado se revitalizó y la oferta aumentó entre un 40% y 45% respecto a diciembre, alentados por la libertad de negociar entre las partes los plazos de duración de los contratos, las modificaciones a los valores de los arrendamientos y los índices de referencia. “Hay mucha estabilidad fruto del DNU”, dijo a DIARIO HUARPE.

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En este sentido, confirmó que poco más del 50% de los contratos totales que registran se firman con actualizaciones cuatrimestrales y por un plazo de dos años. Agregó que en la mayoría de los casos terminan eligiendo al ICL como índice de referencia para modificar los valores. “Si uno actualiza por canasta básica solamente el aumento sería más violento”, afirmó.

El DNU de Milei promovió que los propietarios ahora prefieran renovar los contratos a los inquilinos, en vez de prorrogarlos por seis meses, de acuerdo a Orozco. “Con la Ley de Alquileres eran muy pocos los contratos nuevos y la mayoría hacían prórrogas. Es que justamente trataban de prorrogar para evitar la firmas de los tres años con una actualización anual del ICL, que terminaba quedando atrás de la inflación”, indicó el corredor.

También, Orozco aseguró que bajó la cantidad de alquileres temporarios y muchos se han convertido nuevamente en arrendamientos a largo plazo. Cabe destacar que actualmente un departamento de un dormitorio en Capital se encuentra en $100.000, dos dormitorios en $180.000 y una casa de barrio está entre $250.000 o $350.000 dependiendo de la zona.

Las claves del DNU

El abogado Rodrigo Galván, especialista en la materia, explicó a este medio los punto claves del DNU que deroga la Ley de Alquileres y desregulariza el mercado inmobiliario: 

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  • Se modificó el plazo mínimo para los alquileres de vivienda, que antes eran tres años y ahora no te dan un plazo mínimo, sino que se acuerda entre las partes. Si no se explicita en el contrato, se entiende que está celebrado por dos años.
  • El contrato se puede celebrar en cualquier moneda y el propietario puede exigir el pago en dinero extranjero.
  • La ley de alquiler imponía el índice Casa Propia para hacer establecer los aumentos. Ahora los partes tienen la libertad para que elijan el índice que ellos consideren pertinente. Los plazos de actualización también se acuerdan entre locador y locatario.
  • Todos los contratos que se celebren actualmente, se rigen por el DNU hasta que el Congreso lo rechace o no.
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