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Empresarios de San Juan pedirán prorrogar la Emergencia en la obra pública
Empresarios del sector de la construcción en San Juan están preocupados porque pronto caducará la Emergencia de la obra pública y por ello le propondrán a Sergio Uñac prorrogarla, aunque también depende de la voluntad del gobierno entrante de Marcelo Orrego. La normativa es clave porque de la construcción dependen 12.000 trabajadores.
Este martes, empresarios de la construcción de San Juan se reunirán con el gobernador Sergio Uñac para comentarle la situación que atraviesa el sector y hacerle un pedido: la prórroga de la Emergencia en la obra pública. Dicha declaración, aprobada en noviembre de 2022, tiene una duración de un año y está a punto de vencer, en menos de 60 días. Por otro lado, Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (Caemco), desea revisar la actualización de los pagos de las obras públicas que se realizan mediante las Unidades de Vivienda (UVI), ya que están atrasados. El empresario indicó que sería ideal discutir este problema con todos los actores del sector para establecer un índice que refleje la realidad económica del país.
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Gili habló con DIARIO HUARPE y adelantó que este próximo martes mantendrán una reunión, que consideran clave, con el gobernador Uñac. "Vamos a poder transmitirle nuestra realidad, comentarle la situación en la que estamos", afirmó y explicó que la prórroga de la declaración de Emergencia Pública es el eje principal del encuentro. "Estamos en medio de una transición y, por lo tanto, se necesita el acuerdo del próximo gobierno (Marcelo Orrego)", dijo el representante de Caemco. Cabe mencionar que, en su momento, el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto por no conocer el presupuesto detallado que la Provincia debía tener para redeterminar los certificados.
Este pedido se da a nada de que venza el período establecido, que es el próximo 14 de noviembre, y posterior al resultado de las elecciones presidenciales. Por otro lado, desean que se actualicen los plazos, ya que las nuevas obras adjudicadas no fueron tomadas en cuenta por la declaración. La legislación solo establece el ajuste de los montos en las obras anteriores a la promulgación de la declaración.
Además, señalaron que desean actualizar los índices con los que se revisan los montos de las obras de viviendas sociales. Mientras que las obras en general se ajustan según el tope del 20% establecido en la declaración de Emergencia en la obra pública aprobada el año pasado, las obras de viviendas se ajustan mediante el índice UVI (Unidad de Vivienda) que publica mensualmente el Banco Central. Las UVIs son unidades de cuenta para invertir, ahorrar o tomar préstamos y están relacionadas con el precio de otros bienes y servicios: 1.000 UVIs tienen el mismo valor que un metro cuadrado construido.
"En septiembre de este año, ha alcanzado un atraso del 70%", comentó.
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En este sentido, el dirigente empresarial señaló que el índice de septiembre tuvo una variación del 6%, pero la inflación informada por el Indec fue del 12.4%. Gilli explicó que son conscientes de que hacer un ajuste del 70% podría ser difícil para las arcas del Estado. Por eso, proponen una mesa de diálogo entre diversos sectores del rubro para evaluar el establecimiento de un índice acorde a la realidad. "Son cifras exorbitantes y es una situación crítica. Por eso se necesita la participación de los diversos sectores para encontrar una solución".