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Estafa millonaria a Turismo: imputan al empleado y los playeros de YPF
Los imputados por una estafa millonaria a Turismo por el fraude de más de $5.000.000 en bonos de nafta estuvieron sentados frente al juez. Todos serán investigados.
Por Angel Ligorria
Después de varios meses de investigación, este viernes, el empleado del Ministerio de Turismo, Matías López y los seis playeros de una YPF de San Juan quedaron imputados por el supuesto fraude de más de $5.000.000, tras sentarse por primera vez en el banquillo frente al juez de Garantías Gabriel Meglioli. En la audiencia de formalización del caso se estableció la Investigación Penal Preparatoria de 10 meses, además de las medidas coercitivas que deberán cumplir en el mismo plazo estipulado. Están acusados por el delito de presunta Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública porque aparentemente le facturaban combustible al organismo de Gobierno y le daban otro destino a los combustibles.
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Según las acusaciones numeradas por el Ministerio Público Fiscal, en representación de los fiscales Renato Roca y Maximiliano Gerarduzzi, el empleado de Gobierno, Matías López, hacía arreglos al momento de cargar nafta con los playeros de la YPF ubicada en Salta e Ignacio de la Roza. En ese sentido indicaron que habría realizado maniobras fraudulentas en sus funciones como jefe de movilidades del Ministerio de Turismo y Cultura.
De acuerdo a las primeras investigaciones, las maniobras detectadas estarían vinculadas al fraude de $5.000.000 en perjuicio del Estado y López habría participado en 36 actos, de las presuntas irregularidades que se habrían cometido al momento de la carga de combustible a los vehículos de esa cartera.
En cuanto a Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián, serán investigados porque habrían participado entre cuatro a siete de este tipo de maniobras que podrían haber comenzado en el mes de abril de este año. Según las palabras de Roca, fue la tesorera de la YPF la que habría advertido de las maniobras fraudulentas porque los consumos de combustible no eran racionales.
La investigación comenzó después de que el representante legal de la empresa Santa Clara que, entre sus actividades tiene a su cargo expender combustible y es proveedora del Gobierno, realizó una denuncia al notar dichas maniobras a través de uno de los sistemas de cobranza. A esa primera denuncia, se le sumó otra realizada por la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan.
Ante esta situación, la autoridad judicial resolvió imputar a los siete imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de coautores. Por este motivo, les dictó la libertad, pero deberán cumplir con ciertas medidas coercitivas como no entorpecer la investigación y no salir de la provincia sin la debida autorización. El plazo de investigación Penal Preparatoria es de 10 meses.
Modus operandi
Fiscalía enumeró el modus operandi de los acusados. De acuerdo al relato, estos ingresaban movilidades que no eran del Gobierno a la YPF, y cargaban combustible usando esas tarjetas. Además facturaban la venta de nafta Infinita y cargaban Súper, lo que les permitía obtener diferencias de plata que las habrían cubierto con dinero de gente que pagaba en efectivo la nafta con otros usuarios. De este modo, a través del sistema Ender red se fue detectando por defecto algunas operaciones.
Cuando el mismo sistema empieza a emitir esas alertas, ahí comienzan a hacer una auditoría en la empresa y detectan la cantidad de autos que ingresaban y la cantidad de pagos realizados con esa modalidad de tarjetas de crédito. Eso derivó en que se desafectaran a cinco de los seis empleados que se despidieron con causa en agosto, además de solicitar el trámite de levantamiento de protección de la tutela sindical, ya que el restante sería delegado gremial.
Gustavo De la Fuente, defensa de uno de los acusados, afirmó que “los empleados son inocentes y la estación de servicio ha despedido a los empleados con más de 20 años de antigüedad sin indemnización”. “Nosotros vamos a acreditar esto durante la investigación”, cerró.