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Los gobernadores de JxC se reúnen para unificar reclamos
Es una reunión mixta, con algunos mandatarios conectados de manera virtual, los gobernadores de JxC buscan unificar reclamos en la previa a la reunión que tendrán en Casa Rosada
POR REDACCIÓN
Desde las 15 horas, el grupo de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) está reunido de manera híbrida (algunos de forma presencial y otros virtual) para poner en orden sus reclamos y unificar posturas antes de la reunión que tendrán este jueves en Casa Rosada.
Uno de los ejes centrales de la discusión pasa por el paquete fiscal que el Gobierno busca pasar por el Congreso y de esa manera condicionar el apoyo de las provincias a la nueva Ley Ómnibus e incluso el mega DNU. Sería un primer paso para el pacto del 25 de mayo.
Participan Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).
En principio, hay cierto consenso para acompañar la nueva ley Bases, pese a la resistencia a votarla en el primer intento. Distinto es el caso del nuevo paquete de medidas fiscales, donde todavía hay algunas cuestiones por pulir.
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El gran punto de discrepancia se halla en el Decreto 280/2024 con el que el Balcarce 50 afectó el pago del déficit fiscal de las cajas previsionales de 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. Dentro de ese conglomerado, hay cinco gobernadores que pertenecen al lote de JxC: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Chaco.
A eso se suma un rojo fiscal que el Gobierno tiene con las provincias. En JxC evalúan que Milei le adeuda recursos impagos a todas las provincias. El cálculo que hacen refiere a una deuda de 4.2 billones de pesos que la Nación le debe a las provincias.
En relación con el paquete fiscal, el punto más discutido por los Gobernadores es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Milei propone reinstaurarla con un mínimo no imponible de $1.200.000. En cambio, los mandatarios -centralmente los del centro y el sur del país- exigen un piso más alto, con escalas bajas o progresivas. Se trata de una medida que gravará la clase media y tendrá alto costo político.