Para el Gobierno, la relación con los gobernadores está rota

“Con traidores no se puede negociar”, se quejó un funcionario nacional cercano al Presidente horas después de la caída de la Ley Ómnibus. Habían pasado pocas horas de la fallida sesión y en la Casa Rosada la tensión estaba en todos los pasillos. El fastidio impreso en sus palabras es el mismo que en público expusieron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el ministro del Interior, Guillermo Francos después de la votación. Un conjunto de voces que desnudan el enojo por la derrota y la resignación de una incipiente crisis política.

La furia que Milei derramó en sus redes sociales a miles de kilómetros de Buenos Aires hizo eco en las entrañas del Gobierno. Los funcionarios de primera línea aseguran que el rechazo de la ley “era una opción posible”. Lo estaban esperando. Eran conscientes de la cercanía con el fracaso. Tanto es así que en el Gobierno asimilan que el proyecto de ley “está muerto”. Ven inviable la posibilidad de que el texto vuelva a enviarse para ser tratado en comisión. Se terminó. Hay que llevar a cabo otro plan de acción.

Lo que sigue es analizar en profundidad si llamar a una consulta popular es una estrategia política válida y positiva para el oficialismo. Para que sea vinculante, debería pasar por el Congreso, un camino imposible teniendo en cuenta el resultado de ayer. En caso contrario, si no es vinculante, solo servirá para que se conozca cuál es la decisión de la sociedad sobre un proyecto de ley extenso y que abarca múltiples temas.

En Balcarce 50 aceptan que el único objetivo de convocar a una consulta sería exponer a los diputados nacionales que votaron en contra de la ley. A los mismos que la Oficina del Presidente enumeró en una extensa lista publicada en las redes sociales bajo el título: “Diputados que votaron en contra del pueblo”. Un señalamiento peligroso que desde el radicalismo cuestionaron en un comunicado por “incitar a la violencia”.

Ese es el plan de acción oficial. Cargar la responsabilidad plena sobre los legisladores y gobernadores de la oposición. El llamado a una consulta popular es una estrategia compleja de llevar a cabo teniendo en cuenta los costos de una organización de ese estilo y el desconocimiento de las mayorías sobre el contenido específico de la ley. En el Gobierno aseguran que la están analizando y no la descartan. Flota en el espeso aire que se respira por estas horas.

Amigos y traidores. De un lado o del otro. La nueva grieta no tiene al peronismo como actor principal, como en los últimos años. De un lado, el gobierno nacional. Del otro, la oposición dialoguista y un grupo importante de mandatarios provinciales. Detrás de esa avanzada discursiva no hay autocrítica del oficialismo. Parece no haber errores por corregir pese a la caída de un proyecto que había sido desguazado y cuestionado en el camino.

El asesor Santiago Caputo, parte de la mesa chica de Javier Milei, ya se lo había anticipado a un legislador nacional cuando se negociaba el dictamen de mayoría, que salió por apoyo de la oposición dialoguista pese a la falta de acuerdos sólidos de cara al tratamiento en el recinto. Una señal clara de que el camino hacia la aprobación estaba minado. Espinas que vieron y no quisieron cortar. O que, peor aún, pensaron que no los iban a pinchar.

“Si la ley sale a favor, bien. Y si sale en contra, diremos quiénes son los traidores”, le dijo, palabras más o palabras menos, Caputo a un integrante del esquema dialoguista. Fue un anticipo de lo que sucedió en las horas posteriores al rechazo de la ley en la Cámara baja. El Gobierno tenía preparada su estrategia para la derrota. Advertían que era una posibilidad muy concreta frente a la falta de consensos firmes para sostener el texto.