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Pronto Despacho en Jáchal: exigen análisis de agua urgentes

La Asamblea "Jáchal No se Toca" presentó un Pronto Despacho en la Municipalidad de Jáchal solicitando la inmediata realización de los análisis de agua establecidos por la Ordenanza "Agua Segura". Los últimos análisis de agua en la cuenca hídrica del norte sanjuanino se realizaron en octubre del 2023.

30 de agosto de 2024
De no tener respuestas favorables aseguran que recurrirán a un amparo para que un juez obligue al intendente a que cumpla con la normativa vigente.

La Asamblea "Jáchal No se Toca" este lunes. 26 de agosto, presentó un Pronto Despacho en la Municipalidad de Jáchal, exigiendo al intendente Matías Espejo, la realización urgente de los análisis de agua, contemplados en la Ordenanza "Agua Segura". El reclamo surge debido a que, desde el inicio de la gestión de Espejo, no se ha efectuado ningún muestreo de agua, tal como lo establece la normativa aprobada después del polémico derrame de la mina Veladero, en el 2015, para garantizar la seguridad hídrica en la comunidad del Norte sanjuanino.

Saúl Zeballos, miembro de la Asamblea, en diálogo con DIARIO HUARPE brindó detalles sobre la presentación realizada y manifestó la profunda preocupación de los vecinos ante la falta de los controles de agua.

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"El 15 de diciembre de 2023, le solicitamos que se realizaran los análisis correspondientes a diciembre y que se continuara con los estudios mensuales", contó. "Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido con este pedido. Es más, el Concejo Deliberante ha aumentado el presupuesto para llevar a cabo los 12 monitoreos de agua previstos para 2024, y aun así, no se ha hecho nada", señaló Zeballos.

Los últimos análisis de agua en la cuenca hídrica del norte se realizaron en octubre del 2023.

Zeballos remarcó la urgencia de la situación y exigió que se realicen, al menos, los cinco análisis de los meses que restan del año.

"En el Pronto Despacho le pedimos que se realicen los monitoreos cuanto antes, por lo menos, los que corresponden desde agosto hasta diciembre. Además, hemos adjuntado los contactos con la Universidad de Cuyo de Mendoza y las formas de pago para que no haya más excusas. Es fundamental que se cumpla con la normativa y se proteja la salud de la comunidad", agregó.

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Zeballos contó que el intendente Espejo, ha comentado a algunos de sus funcionarios que, hasta que no se nombre al Procurador Municipal Ambiental Minero quien sería el encargado de supervisar la ordenanza "Agua Segura", no se llevarán a cabo los análisis. Sin embargo, Zeballos cuestionó esta postura: "En la práctica, él está obligado a realizar los análisis, tal como se venía haciendo, porque así lo establece la normativa municipal. Si sigue escudándose en la falta de un Procurador, nunca se van a hacer los análisis, y la ordenanza continuará siendo incumplida".

Cabe recordar que la ordenanza del programa "Agua Segura" fue aprobada después del polémico derrame de la mina Veladero que se produjo en septiembre de 2015, y luego, por iniciativa de los concejales de ese momento, en el año 2017, se aprueba la ordenanza 2.814, mediante la cual se crea el cargo de Procurador, que nunca se cumplió.

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"Más allá de que esté o no el Procurador, los análisis se tienen que hacer", aseveró Zeballos.

Sobre los muestreos y análisis

Los organismos encargados de tomar las muestras y realizar los análisis son: la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo - Mendoza), la Universidad Católica de Cuyo y el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero (Cipcami) dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de la provincia.

Los puntos de monitoreo son doce en total. Los tres primeros en caudales de ríos. Uno, en la zona que se conoce como La Junta (de Angualasto, a 50 kilómetros más arriba), lugar donde se unen los ríos Blanco y La Palca. El primero, donde está la mina Josémaría y el segundo, Veladero. Luego se hace otro en Angualasto, en el puente de Buena Esperanza, y el tercero en Jáchal, en el dique repartidor Pachimoco. Posteriormente, se hacen 9 monitoreos más, pero estos en la red de agua potable: en Villa Mercedes, Tamberías, Pampa Vieja, La Represa, Niquivil, Mogna, el centro de Jáchal, Huaco y La Ciénaga, todos distritos del departamento de Jáchal.

Sí hay plata

Hay que subrayar que el nuevo Concejo Deliberante de Jáchal, incrementó la partida presupuestaria para cubrir los costos de los 12 monitoreos correspondientes al 2024, por lo tanto, Zeballos sostiene que el incumplimiento por parte del intendente no es por problema de plata.

"El presupuesto para el muestreo y análisis de diciembre ya estaba aprobado por el anterior Concejo Deliberante, y luego, el actual Concejo, aprobó un aumento del 70% del presupuesto para asegurar el pago de los nuestros y análisis de todo el 2024, y no se están haciendo... Literalmente, es una vergüenza, una burla para todos los jachalleros y jachalleras".

De no tener respuestas favorables en los tiempos que marcan las leyes del derecho administrativo, desde la Asamblea aseguraron que recurrirán a un amparo para que un juez obligue al intendente a que cumpla con la normativa vigente.

En contra del RIGI

El activista también mencionó la preocupación de la Asamblea en torno al tratamiento en el Concejo Deliberante del Régimen de Iniciativa de Gestión de Inversiones (RIGI) y la posible aprobación de proyectos mineros en la región.

"Desde la Asamblea, hemos emitido un comunicado reclamando a nuestros concejales que no adhieran al RIGI, ya que esto permitiría la explotación de uranio en La Ciénaga y la expansión de la empresa Latin Metals en la zona de Huachi", manifestó. "Es crucial que se protejan nuestras fuentes de agua ante la amenaza de grandes emprendimientos mineros", concluyó Zeballos.

La situación en Jáchal sigue siendo delicada, con una comunidad demandando acciones concretas para garantizar el acceso a agua segura y la protección de sus recursos naturales, y una gestión municipal que enfrenta críticas por la falta de respuestas efectivas ante un tema de vital importancia, que afecta tanto a la salud pública como a la confianza de los vecinos en sus autoridades.

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