El Consejo de Participación Indígena (CPI) manifestó su enérgico rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24, aprobado por el gobierno nacional. La medida, que habilita el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios, fue calificada como inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales.

En la Mesada de Ugno de los Managuas.