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Judiciales > Violencia de género

Caso Parisí: pese al pedido de prescripción, seguirá la batalla legal

La defensa y Fiscalía explicaron que pese al pedido de prescripción en la causa por violencia de género del funcionario judicial Mario Parisí, la batalla legal continuará en pie por uno de los delitos denunciados.

29 de marzo de 2024
Parisí actualmente realiza tareas administrativas en el Poder Judicial. Imagen de archivo.

Semanas atrás se llevó a cabo una audiencia llamada de impugnación extraordinaria, donde la defensa de Mario Parisí pidió ante la Corte de Justicia de San Juan que la causa por violencia de género, que pesa sobre la espalda del funcionario judicial, sea declarada prescripta. Luego de que la fiscal Marcela Torres respondiera que esto no correspondía, la decisión quedó en manos del tribunal integrado por los cortistas Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto, quienes deben responder al pedido en menos de 40 días. Ante esta posible decisión, la defensa y Fiscalía explicaron a DIARIO HUARPE que la “batalla legal” que tiene al miembro del Poder Judicial en la mira y los posibles escenarios legales que podrían surgir.

En diálogo con este medio, Marcela Torres, la representante del Ministerio Público Fiscal que trabaja en el caso Parisí, explicó que su función se limita a trabajar en el expediente y que una de las claves por la cual la causa que empezó en noviembre 2021 se encuentra en esta instancia está directamente relacionada con las herramientas del Código Procesal Penal previstas en el Sistema Acusatorio.

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“La defensa ha utilizado todas las herramientas previstas en el Código Procesal Penal, como nulidades y pedidos de suspensión de justa prueba, para defender su postura”, agregó.

Por su parte, Fernando Castro, uno de los abogados defensores de Parisí explicó que la defensa ha planteado la prescripción de uno de los delitos, específicamente el tema de lesiones agravadas por el vínculo, según el artículo 99 del Código Penal. En este sentido, argumentó que la causa no ha experimentado ningún acto interruptivo de la acción penal, como una audiencia de control ante acusación o una resolución de juez de garantía de apertura de juicio oral, como exige el artículo 67 del Código Penal.

En este contexto, la funcionaria judicial que representa al Ministerio Público Fiscal en esta causa mencionó que el caso está actualmente en manos de la Corte, esperando una resolución sobre un recurso de casación presentado por la defensa el pasado 12 de marzo. Allí, la defensa representada por Nasser Uzair y Fernando Castro Bedini debían fundamentar el recurso de casación que habían presentado contra la resolución del juez de impugnación Benedicto Correa, que había revocado en parte el fallo de otro juez que no era conveniente para la defensa, sin embargo, no había otorgado la probation (suspensión de juicio a prueba), el objetivo principal de Parisí en esta causa, para no tener condenas en su prontuario y perder su lugar en el Poder Judicial.

El Tribunal de la Corte deberá responder al pedido de prescripción en menos de 40 días. Gentileza.

Ante estos argumentos, Torres expresó su opinión diciendo que era "deficiente". Además, criticó el pedido de prescripción señalando que no correspondía en esta audiencia. En ese contexto, "tanto la Fiscalía como la defensa están trabajando dentro del marco de la ley", agregó. Por ello, Torres no quiso brindar una opinión más amplia, ya que su función se limita a cumplir con los términos legales establecidos.

Suspensión de juicio a prueba y contexto de género

Es importante destacar que la duración de una causa puede variar dependiendo de las circunstancias de cada caso. En el caso de Parisí, se trata de un funcionario judicial y existen acusaciones de violencia de género que aún no han sido probadas. La acusación por parte del Ministerio Público y la existencia de una pieza acusatoria que interrumpe la prescripción son factores a tener en cuenta para determinar si la causa puede prescribir o no.

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Sobre esto, el abogado defensor Castro recordó que en más de una oportunidad insistieron en la solicitud de probation, que según el Código Penal es “una forma de extinción de la acción penal respecto del imputado que cumplió determinadas reglas de conductas”. Además, el supuesto agresor busca pagar una remuneración de $600.000 en tres cuotas y realizar trabajos comunitarios por 36 horas en la Municipalidad de Chimbas.

La presunta víctima afirmó "no tener paz" en su vida y que el responsable "es Parisí”. Imagen de archivo.

El problema de esta defensa es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación niega expresamente la posibilidad de probation o suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género. En este contexto, el abogado querellante Bedini aclaró que “el Código procesal de la provincia de San Juan dice que los delitos basados en discriminación y de violencia familiar no admiten la probation”. Sin embargo, Castro enfatizó que el contexto de género no forma parte de la estructura de ningún delito y debe ser probado en el juicio oral, el cual aún no se ha llevado a cabo.

La función de Parisí dentro del Poder Judicial

Fuentes calificadas explicaron la situación laboral de Parisí en el Poder Judicial, y que actualmente realiza trabajos administrativos en la parte de la biblioteca mientras se resuelve el asunto legal en su contra. Es importante mencionar que el trabajo en la biblioteca es de naturaleza administrativa e intelectual, y no implica tener poder de decisión.

La decisión de reasignar a Parisí a un puesto administrativo mientras se resuelve su caso legal se debe a que, como en todos los trabajos generales, no se pueden tomar decisiones definitivas hasta que haya una sentencia firme. Por lo tanto, hasta que no se emita una sentencia, no se puede modificar su situación laboral.

Cabe destacar que el funcionario judicial, que supo ser coordinador de Flagrancia, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja en noviembre de 2021. Desde entonces, Parisí insistió con la suspensión de juicio a prueba y recibir una probation, mientras que el Ministerio Público con el aval de la querella, se opone a ello por la política criminal que se niega a beneficiar a los acusados de violencia de género.

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