Florencia Peñaloza: 'Las cenizas tóxicas mineras, son una bomba de tiempo'"

En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, la defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, explicó cuáles son las acciones que ha emprendido su oficina para esclarecer el problema y exigir responsabilidades tanto a las empresas involucradas, como a los organismos de control del gobierno provincial, ante el mal manejo de las cenizas tóxicas mineras acopiadas en el Parque Industrial de Chimbas. Un tema que, según sus declaraciones, estuvo en la sombra durante décadas y que ahora, gracias al informe de este medio, salió a la luz.

“Esta semana se vence el plazo para que las empresas y los organismos de control del gobierno provincial respondan a la Defensoría del Pueblo los oficios, en los cuales pedimos información puntual y precisa”, afirmó Peñaloza, haciendo hincapié en la urgencia de la situación.

Los escritos fueron enviados a las empresas que se encargan de tratar los residuos peligrosos (Tecma, Eco San Juan y Bio Cordillerana), a la empresa minera Barrick, a la Secretaría de Ambiente y a la dirección de Fiscalización Ambiental y Control minero del Ministerio de Minería.

“Los oficios tienen fecha de recibo el 1 de agosto", aseguró Peñaloza. "Es decir, todavía tienen plazo para contestar, pero no debería pasar de esta semana”, agregó.

En general, las resoluciones enviadas por la Defensoría solicitan que se detalle quién está a cargo de los residuos tóxicos mineros, cuáles son los procedimientos que se han seguido y que cada uno de ellos, confirme si están cumpliendo con la legislación vigente.

“La idea de esta primera medida es tener la información oficial de todos los actores del circuito, justamente, para poder actuar en consecuencia”, dijo Peñaloza.

Faltas e inacciones

La defensora también contó que en el oficio dirigido a la Secretaría de Ambiente, solicita que informen si las empresas han planteado el problema con anterioridad y si han solicitado las autorizaciones correspondientes para seguir trabajando en esas condiciones. “Sabemos que las empresas han pedido solución al problema y que el Estado se viene demorando en darle habilitaciones. Si es así, queremos saber cuáles han sido los motivos de la demora”, señaló Peñaloza.

La preocupación de Peñaloza radica no solo en las faltas que pueden haber cometido las empresas, sino también en la aparente inacción de los organismos de control.

“Es incomprensible que las empresas hayan seguido trabajando en la provincia, sin que alguno de los organismos de control haya actuado ante el incumplimiento de uno de los requisitos fundamentales de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como es el correcto tratamiento de los residuos peligrosos”, expresó la funcionaria. “Por eso es que también se oficia a la dirección de Fiscalización y Control Ambiental, a los fines de tener todos los antecedentes, de cómo ha trascurrido tanto tiempo con este problema, sin solución”.

Qué es una DIA

Una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un documento que resume el análisis de los efectos potenciales que un proyecto o actividad propuesta puede tener sobre el medio ambiente. Esta declaración se elabora a partir de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y tiene como objetivo evaluar los riesgos y beneficios ambientales, proponer medidas de mitigación y determinar si el proyecto es ambientalmente viable. La DIA es un requisito legal para obtener la aprobación de proyectos que puedan afectar significativamente el medio ambiente.

La provincia, no

Peñaloza también se refirió a la discusión que se ha generado en torno a quién debe afrontar los costos para el traslado de las cenizas tóxicas a un relleno de seguridad ubicado en otra provincia, subrayando que no debe ser la Provincia la que tiene que asumir ese gasto.

“Eso debería estar contemplado dentro del presupuesto del proyecto minero. Por lo tanto, ese costo le corresponde a Barrick. Porque no es sacar el mineral y nada más... acá hay derechos, obligaciones y, principalmente, responsabilidades que no se están cumpliendo”, sentenció.

¿Y si no responden?

Ante la pregunta sobre qué medidas se tomarán si las empresas y los organismos no responden, Peñaloza fue clara: “Si no contestan, el proceso establece la reiteración de oficios. Y en caso de que tampoco lo hagan en la segunda instancia, vamos a exhortarlos por incumplimiento de la normativa vigente”.

La Defensora confía en que obtendrá las respuestas necesarias para proceder, pero advierte que, si las empresas argumentan faltas por parte del gobierno provincial, la responsabilidad recaerá sobre el Ejecutivo que hoy encabeza Marcelo Orrego.

Por último, Peñaloza concluyó con una reflexión contundente: “Después de 20 años, nos encontramos con este problema, que es una bomba de tiempo, que hay que desactivar”.

Las palabras de la titular de la Defensoría del Pueblo remarcan la gravedad de una situación que, de no resolverse en tiempo y forma, podría tener consecuencias nefastas para el medio ambiente y la salud de la población sanjuanina.