Cenizas tóxicas en Parque Industrial de Chimbas: grave problema ambiental todavía sin resolver

A dos meses de que se conociera a través de un informe de DIARIO HUARPE, que en el Parque Industrial de Chimbas hay, desde hace años, más de 1.000 toneladas de cenizas tóxicas de la minería acumuladas a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni resguardo ambiental, el secretario de Ambiente de la provincia, Federico Ríos, sigue sin responder cuáles son las acciones y medidas que se han tomado frente a esta problemática. No obstante, ante la insistencia de este medio, el funcionario optó por informar, a través de su director de prensa, que "siguen avanzando en el tema", en busca de una solución definitiva.

"Me dijo que les dijera que todavía se están analizando las alternativas posibles para solucionar el problema", expresó José Castro, director de prensa de Ambiente. "Una vez que se tenga en concreto cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, lo comunicaremos oficialmente", agregó de manera escueta. Esto, a pesar del tiempo que pasó. 

Vale recordar que fue el 16 de mayo cuando DIARIO HUARPE publicó el informe, después de saber que los representantes de las tres empresas que operan estos residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas (Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana), se habían reunido con las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de San Juan para expresarles que "ya no sabían qué hacer con este pasivo minero acumulado por más de 20 años".

El Parque Industrial de Chimbas, lugar donde están acumuladas las cenizas, está rodeado de barrios habitados por cientos de familias.

Al otro día de publicado el informe, Ríos aseguró (por este medio), que se iban a ocupar del tema, "por la magnitud del problema", y que no iban a parar "hasta encontrar la solución definitiva". Pero, y pese a la insistencia, el funcionario nunca más atendió el teléfono y tampoco tomó medida alguna frente a tal situación ambiental. No obstante, el gobernador Marcelo Orrego reconoció en rueda de prensa, que "este era un problema que tiene más de 30 años", y que ellos "no tienen las manos mágicas", en referencia a que su gestión llevaba apenas cinco meses y no podían resolver, en un solo día, todo lo que pasó en las gestiones anteriores.

Foto de drone de las cenizas acumuladas en Tecma, la otra empresa que las acopia.

Los que también hicieron lo propio, hasta con un pedido puntual, fueron los representantes de las tres empresas, Sergio Vallejos de BioCordillerana, Ernesto Peñafort de Tecma y Rodolfo Piola de Eco San Juan, "queremos que el gobierno construya un Relleno de Seguridad en la provincia".  

Lo cierto es que, a 63 días de que el tema saliera a la luz, todavía no hay acciones ni medidas al respecto, y el pasivo minero sigue estando en las empresas que lo acopian, en las mismas condiciones, y en contrapunto a lo que dice, en términos de fiscalización y cumplimiento, la Ley de Residuos Peligrosos Nacional, a la que la provincia adhirió en 1995.

Qué dice la Ley de Residuos Peligrosos

En términos generales, la Ley Nacional 24.051, y la Ley Provincial 6.665. que sigue vigente tras el digesto jurídico en Ley Provincial 522 L, consideran peligroso "a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente". Y en particular, "a los residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales, aceites, hidrocarburos y otros, que poseen características tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, infecciosas o reactivas". 

A la vez, y frente a esta situación, las leyes establecen que el organismo de contralor (la secretaría de Ambiente), "debe hacer controles periódicos y auditorías a los generadores y operadores de los residuos peligrosos". Es más, dicen que "si la situación es de emergencia", como sucede en este caso, "hay que activar procedimientos que garanticen una respuesta rápida y efectiva para minimizar los impactos". Es decir, efectos ambientales y de salud que pueden estar generando, como también lo señalaron en este medio, especialistas en el tema.

Pedido de informe sin respuestas

Frente a esta realidad que conmovió a la sociedad sanjuanina, a finales de mayo de este año, el diputado por el departamento de Chimbas, Gabriel Sánchez, contó a este medio que tras la publicación de DIARIO HUARPE, presentó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados de San Juan, un pedido de informe, solicitando al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Hacienda, a la secretaría de Estado y Ambiente, al Ministerio de Producción y Trabajo, y a la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, que especifiquen la ubicación exacta del predio o predios donde se encuentran almacenados los residuos tóxicos; que se indique si se ha llevado a cabo un estudio de Impacto Ambiental en la zona; cuáles son las empresas autorizadas para almacenar los residuos en el predio; cuál es la situación dominal de las mismas (esto es, si son adjudicatarias precarias o permanentes); que se acredite si las empresas autorizadas poseen declaración de impacto ambiental vigente, como así también, el certificado anual ambiental en el caso de manejo, traslado y o disposición de residuos peligrosos. Pero, la solicitud, hasta el día de hoy, no tiene respuestas.

El legislador, además, pidió a los organismos del estado provincial que indiquen qué tipo de residuos se encuentran en dichos predios, y en el caso de que se traten de residuos peligrosos, que se especifique el grado de peligrosidad de los mismos.

Además si existe autorización para el acopio o disposición de recibos peligrosos en el o los predios designados, el diputado solicitó que se indique bajo qué modalidad se encuentra autorizado. Y en su caso, si el acopio actual es apropiado, que se indique si estos residuos afectan, afectaron o afectarán potencialmente la salud de los residentes de los barrios aledaños, de la población en general, del ecosistema, flora y fauna del lugar.

En este marco, también pidió que se indique si estos residuos, en la forma en la que actualmente se encuentran dispuestos o acopiados, pueden producir algún tipo de polución o contaminación del suelo, del aire o el agua yacente o subterránea, ya sea por lixiviación o escurrimiento.

Por último, en su escrito, Sánchez solicitó que se indique si se han tomado medidas de seguridad para evitar que los residuos se dispersen por el aire o tome contacto con el suelo o el agua. Y en caso de que las medidas adoptadas no hayan sido las adecuadas, pidió que se indique cuáles serían las medidas de remediación que deberán adoptarse y en su caso, el tiempo y grado de recuperación de los espacios afectados.

Sustancias altamente tóxicas 

Si bien, DIARIO HUARPE pudo saber que estas cenizas tóxicas mineras se obtienen de la quema e incineración en hornos pirolíticos, principalmente, de residuos peligrosos que derivan de hidrocarburos (filtros, mangueras, pastillas de freno, recipientes de combustibles y aceites, entre otros), tras dialogar con el ingeniero químico Alejandro Boehden, especialista en ambiente, gestión ambiental y tratamiento de residuos peligrosos, aseguró que ese pasivo minero es "altamente tóxico", porque contiene "metales pesados",

“Las grandes cantidades de cenizas originadas en el tratamiento de residuos industriales por el método de incineración, dentro de las cuales se encuentran los residuos de la industria minera, contienen altas concentraciones de metales peligrosos, contemplados en el Anexo I de la Ley 24.051", dijo Boehden.

Según el especialista, cuando un proceso como la incineración somete a la combustión un residuo peligroso, este combustiona solo la materia orgánica y no la inorgánica, que sí tiene el residuo industrial y minero.

Entre la materia inorgánica que se puede encontrar en las cenizas industriales y mineras, figuran metales pesados tales como: plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, cromo, entre otros.

En este marco, el ingeniero químico cree que es preocupante y altamente irresponsable, que este pasivo ambiental no esté depositado en un Relleno de Seguridad, con los resguardos que requiere, ya que la Resolución 177/2017, en su Anexo I, inciso “e”, reglamenta que las empresas generadoras deben poseer lugares de acopio seguros, con dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos peligrosos que genera y la periodicidad de los retiros a los lugares de disposición final. "Es decir", dijo Boehden, "ningún generador puede tener acopiada una mayor cantidad de residuos, que sus depósitos seguros puedan almacenar. Por lo tanto, el almacenamiento a la intemperie es inaceptable y viola la reglamentación vigente".

Conclusión

La Ley Nacional 24.051 y la Ley Provincial 522-L, siguen siendo herramientas indispensables para la protección del medio ambiente. La responsabilidad, educación y concientización sobre la correcta gestión de los residuos peligrosos, continúan siendo esenciales para el éxito de estas normativas. Pero, si estas no se respetan y cumplen, la casa común, el San Juan de las generaciones pasadas, presentes y futuras, se pone en riesgo.