Defensoría del Pueblo exigió suspender los sistemas antigranizo y rompetormentas

Este martes 30 de enero, la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, dialogó con DIARIO HUARPE para explicar cuáles fueron los motivos y detalles que la impulsaron a tomar la decisión de resolver sobre el tema que desde hace años viene generando polémica en San Juan: el uso de tecnologías (cañones, aviones y avionetas), rompetormentas para modificar el ciclo hidrológico, en medio de la crisis hídrica más aguda que atraviesa la provincia.

“Desde la Defensoría decidimos pedir que se suspendan estos sistemas antigranizo y rompetormentas porque no podíamos esperar más tiempo que el Ministerio de Producción y la Secretaria de Ambiente actuaran”, dijo a DIARIO HUARPE la funcionaria. “Yo he sido muy cautelosa esperando, pero frente a la ausencia de medidas, tuvimos que salir con esta resolución para defender a los sanjuaninos”, aseguró.

Expresamente, la resolución de la Defensoría dice: “Se solicita a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación, y Ambiente y Desarrollo Sustentable, la suspensión del uso de estos sistemas en la jurisdicción de San Juan, la verificación de la totalidad de cañones antigranizo y rompe tormentas instaladas en la provincia, así como la presentación de un informe detallado sobre el impacto ambiental, con el fin de evitar y prevenir daños ecológicos y ambientales que eventualmente pudiere traer aparejado el uso de estos sistemas para todos los habitantes de la provincia.

Y luego remarca: “Es prioridad para esta institución cuidar a los sanjuaninos, su ambiente, el presente y el futuro de nuestra provincia, por eso actuamos para prevenir cualquier daño que pueda perjudicar a San Juan”. Esta resolución se emite luego de varias reuniones que tuvo el equipo de la Defensoría del Pueblo provincial.

Qué pasaría si no le dan lugar a la resolución

Como la actuación de la Defensoría es preventiva dentro del derecho precautorio que le otorga la Constitución provincial, Peñaloza dijo que esta resolución responde a la lógica de lo que se debería haber hecho desde un primero momento.

“Ahora bien, si en 15 días el ministerio o la secretaría no responden, nosotros tenemos la facultad de realizar una acción de amparo. Pero, me parece que no vamos a llegar a eso y sería innecesario, porque estamos hablando de una medida preventiva y de oficio”.

Estudios decisivos

Peñaloza contó que, como el problema ya estaba planteado e instalado en la opinión pública, cuando asumió en diciembre, lo primero que hizo fue estudiarlo. Sabiendo, además, que en el 2013, vecinos y productores de Valle Fértil habían hecho denuncias al respecto. Aunque en aquella oportunidad, por los aviones rompetormentas.

“Busqué toda la documentación que había en la Defensoría, porque recordaba esa denuncia”, contó. “Y si bien, en esa época, en la que estaba como defensor César Orihuela, no se obtuvieron pruebas que certificaran los vuelos de las avionetas y/o aviones, la defensoría actuó”, aseguró.

Sobre la denuncia del 2013

En ese momento, la Defensoría del Pueblo pidió la intervención del Ministerio de Gobierno de San Juan, del Ministerio de Producción, e información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al Ministerio de Defensa de la Nación y a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

De esa investigación, surge que los aviones estaban en Mendoza, que estos solo actuaban en la jurisdicción mendocina, y que nunca se pudo comprobar que estos volaran los cielos de San juan. “Y ahí quedó todo”, manifestó Peñaloza. “El tema no se tocó más, hasta noviembre del año pasado, cuando se conoce la denuncia de los productores ganaderos de Sarmiento a través del DIARIO HUARPE”, dijo.

Peñaloza también reveló que de los informes solicitados en aquel momento, solo falta el de la UNSJ. “Justamente ahora estoy redactando el pedido a la Universidad para que nos remita su contestación”, confirmó.

Respaldo en el Conicet

En este marco, la Defensora del Pueblo contó a DIARIO HUARPE que su decisión también se basa en estudios e investigaciones del Conicet sobre Geoingieniería que dicen que “cualquier mecanismo artificial que se utilice para modificar el clima a corto, mediano o largo plazo, afecta el ambiente y los ecosistemas”.

“Por eso creo que este tema es mucho más profundo que, simplemente, un cañón rompetormentas", dijo la funcionaria. "Por eso creo que no se puede esperar que nos digan, hay que esperar que se investigue si impacta o no, si desarma o no las nubes. Frente a las investigaciones, los estudios que ya hay y todos lo que podamos conseguir, lo primero que se tiene que hacer, si somos responsables a favor del cuidado de todos los sanjuaninos, es suspender cualquier tecnología que ponga en riego el medio ambiente”.

Por el ambiente sanjuanino

Peñaloza explicó además que, más allá de la afectación que puede estar generando la modificación del clima de forma artificial a un sector determinado, el medio ambiente de los sanjuaninos también puede estar en riesgo.

Para la Defensora provincial, el hecho de que se haya confirmado esto en San Juan, hay que actuar de manera urgente para saber qué cantidad de cañones rompetormentas hay en la provincia.

“Leyendo las declaraciones del ministro de Producción (Gustavo Fernández), en la cuales decía que en un relevamiento habían detectado nueve cañones, pero que no habían podido entrar a todos los diferimientos porque no tenían una orden judicial, tenemos que obligar al Ministerio de Producción y a la Secretaría de Ambiente, primero, a suspender la actividad de todos los cañones que hay en la provincia, y segundo, a verificar en forma fehaciente la cantidad de cañones que hay en todo San Juan”.

Sobre la ley 23.455

Con respecto a esta ley que prohíbe en todo el territorio argentino la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, en consonancia con el convenio de Ginebra de 1977, la defensora explicó que la Corte Suprema de la Nación resolvió que la aplicación de la misma, depende de la jurisdicción de cada provincia y que debía haber legislaciones locales al respecto.

“La única provincia que tiene legislación local es Mendoza, donde estas prácticas están reguladas”, recordó. “Por eso creo que la cámara legislativa de nuestra provincia debería ponerse a trabajar ya, en un marco regulatorio de estos mecanismos artificiales que modifican el clima. Porque también hay estudios del Conicet que establecen que el yoduro de plata o cualquier otra sustancia que se inyecta en las nubes, utilizado en exceso, influyen en las nubes y si evitan las lluvias”.

¿Regular o prohibir?

En este puto la Defensora del Pueblo prefirió llamrse a silencio, ya que esa opinión y/o decisión escapa a sus competencias.

"Creo que si cada provincia tiene la posibilidad de legislar sobre el tema, ya sea para controlar, regular o prohibir, es un tema que se tiene que estudiar y se tiene que trabajar en consecuencia, porque ya no se puede dejar pasar más este tema”.

Dato

Vale recordar que fue el 28 de noviembre cuando los productores de Sarmiento decidieron hacer pública la denuncia de la existencia de cañones rompetormentas en los diferimientos asentados en la zona que se conoce como El Acequión. Y luego, hicieron lo propio, pero por el avistamiento de avionetas que rompen las tormentas, los productores ganaderos de Valle Fértil, también los de 25 de Mayo y Caucete, y a la par en las provincias de Córdoba, Mendoza y San Luis.