Así lo dijo el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela, quien se mostró optimista de que la causa ingrese en debate antes de finalizar el año.

El 28 de julio es la última instancia para presentar pruebas. La otra familia aceptó irse.

La provincia tiene 30 días para presentar la información requerida.

De esta manera se abrirá la etapa del proceso que finalizará con un juicio oral y público con el magistrado jachallero en el banquillo de los acusados. 

Decidió intervenir, y está habilitado para ir contra el magistrado. El fundamento es que el supuesto mal accionar de Alonso podría derivar en reclamos contra la provincia.

Entró este miércoles en la mañana a la Corte Suprema de Justicia y la llevó al fiscal de Estado. El monto reclamado supera los $1.200 millones entre capital e intereses.

El planteo lo prepara la Fiscalía de Estado y ataca la constitucionalidad del decreto presidencial. A la provincia le provoca una pérdida de $200 millones y la idea es que los cubra la gestión macrista.

El gobierno de Mauricio Macri le debe a la provincia. Desde el Poder Ejecutivo ya instruyeron a Fiscalía de Estado para que tome cartas en el asunto y haga todo lo necesario para cobrar la cifra millonaria.

Fue el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien se encargó de explicar que por ahora la resolución de la Corte Suprema no afecta ningún proyecto en ejecución. Situación que, a priori, trae tranquilidad en San Juan.