El Gobierno nacional anunció un incremento del presupuesto destinado a hospitales y centros de salud de alta complejidad, especialmente pediátricos, aunque la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada por el Congreso sigue sin ejecutarse.

Aunque promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, el Gobierno suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos. Ambas normas representan un costo fiscal superior a 1,2 billones de pesos.