Analizan la derogación de un decreto que eximió a las FFAA de responsabilidad penal en la represión

El Gobierno interino de Bolivia se mostró hoy dispuesto a derogar el polémico decreto que eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión de las protestas sociales. "Podemos derogarlo, no es una charla de sordos, lo derogamos, damos un paso", dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en una declaración reproducida por El Deber. La derogación de este decreto es una de las principales demandas de los sectores movilizados en Bolivia en defensa del ex presidente Evo Morales, quien renunció a su cargo bajo presión militar el pasado 10 de noviembre y en medio de denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre. Tras la salida de Morales, exiliado ahora en México, Jenaine Áñez se proclamó presidenta de Bolivia en una sesión parlamentaria sin quórum y días después su gobierno interino promulgó el decreto en cuestión. "El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", señaló el decreto fechado el 15 de noviembre. Asimismo, añadió que "las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos", lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego. El decreto se conoció un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado ex presidente Evo Morales. La posibilidad de la derogación apareció después de que se iniciara en el Congreso boliviano una negociación para buscar una salida electoral a la crisis del país. Esta semana, al menos ocho personas murieron durante una operación de policías y militares para romper un bloqueo a la planta de hidrocarburos Senkata, en la zona de El Alto. Los manifestantes que impusieron el bloqueo denunciaron que los militares dispararon sus armas sin miramientos, pero las autoridades niegan esa acusación.