Proveedores del Estado reclaman por demoras en los pagos

A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que renovó la Ley de Administración Financiera y Control Interno, que venía desde la gestión de José Luis Gioja. Esto llevó a que, a partir de este 2023 los trámites se descentralicen, generando que proveedores reclamen demoras en los pagos de los servicios que ya prestaron.

La nueva norma, que comenzó a trabajarse desde el 2017 por el Ministerio de Hacienda, buscó un nuevo marco normativo con la intención de descentralizar los pagos que ejecuta mes a mes el gobierno provincial. Es decir que, en la actualidad los ministerios tienen mayor protagonismo e independencia en el proceso administrativo de los expedientes de proveedores y, por lo tanto, también en los pagos. Situación que antes estaba a cargo de Hacienda a través de la Tesorería General de la Provincia.

Con estas modificaciones, el gobierno intentó simplificar el proceso y así acelerarlo. Pero en este inicio de año está sucediendo lo contrario, ya que existen muchos reclamos de parte de proveedores. Y según los que reclaman, los mismos expedientes, de un año a otro, tienen una demora superior a los 60 días desde que se implementó la nueva Ley 2.478-l. Dicha demora juega en contra de todos aquellos que prestan algún servicio al Estado, teniendo en cuenta el índice de inflación que erosiona día a día el capital puesto en juego. 

Este panorama incluso fue advertido por legisladores provinciales, de la oposición y también del oficialismo. Los diputados advirtieron que en la adaptación del nuevo sistema de pago faltó capacitación para los empleados que deben cumplir con esta nueva tarea. Acción que no venía realizando con la ley anterior.

También indicaron que en la mayoría de las administraciones ministeriales les está costando implementar el nuevo sistema e incluso en algunos casos siguen trabajando con el protocolo del sistema anterior, llevando a que el trámite se demore el doble.

Sobre esta situación la visión oficial es totalmente distinta. Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo y Financiero de Salud Pública, expresó que “no existen demoras adicionales a la que se acostumbra en esta época del año. Por ejemplo, los contratados ya cobraron febrero cuándo recién estamos iniciando el mes”. También, expresó que “hay que tener en cuenta que todos los fines de año se hace el traspaso presupuestario al siguiente y esto conlleva que no sea un trámite de cualquier mes del resto del año, pero esto no genera demoras exageradas”.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Administración Financiera de Desarrollo Humano, Federico Barceló. El funcionario afirmó que “de ninguna manera existen demoras generalizadas de pago de proveedores, si puede suceder en casos particulares. Pero la nueva ley nos permite tener un sistema más rápido y ágil”.

Barceló ejemplificó que “una persona que requiera de una prótesis, se le inicia el expediente para dárselo y es más rápido que antes. Ahora, el tránsito administrativo dependerá del turno que tenga con el médico para que le realice la operación y eso no depende de Desarrollo Humano”.

De que trata la nueva ley

La nueva norma indica que la Contaduría General de la provincia ya no hace el control interno y el nuevo rol es estar a cargo de la sindicatura, que es un órgano que se creó en la nueva ley.

Con esto se pretende que haya eficiencia en el recurso, que se transparente el gasto en todas las operaciones. Lo que se busca es dar un marco normativo moderno, actualizado.

Abarca la administración central, ministerios, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, fondo fiduciario, todos los poderes. Todos los entes del Estado van a pasar por la sistematización y por este orden que impone. El objetivo es la descentralización operativa.