POR REDACCIÓN
20 de enero de 2020
El ex máximo responsable de los Mossos d'Esquadra (policía catalana) Josep Lluís Trapero se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional de España, para ser juzgado junto a otros tres altos cargos políticos y policiales por su colaboración en el fallido proceso de secesión de Cataluña de 2017. Trapero, el ex director de la policía catalana Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, están acusados de rebelión y afrontan un pedido de 11 años de prisión, mientras que la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, está imputada por sedición, y enfrenta una posible condena de cuatro años de cárcel. No obstante, en el inicio del juicio, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, anunció que valorará la modificación de la "calificación" de los hechos en el "momento oportuno", a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que desestimó condenar por rebelión a los máximos líderes políticos del proceso de secesión. En su sentencia conocida en octubre, el Supremo condenó por sedición con penas de entre 9 y 13 años, la máxima para el ex vicepresidente Oriol Junqueras, a los políticos y activistas catalanes que orquestaron el plan para celebrar un referéndum de autodeterminación bajo prohibición -que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017- y declararon la independencia de la norteña región, el 27 de octubre del mismo año. A Trapero, el ex Mayor de los Mossos, la Fiscalía le atribuye un papel activo de colaboración con los planes secesionistas y, concretamente, el tribunal analizará sus órdenes ante las protestas que tuvieron lugar frente al Departamento de Economía catalán para evitar un operativo que pretendía desbaratar la logística del referéndum, y durante la jornada de la consulta. Según la Fiscalía, el ex alto jefe policial tuvo un rol clave en la "pasividad de los agentes catalanes que facilitó la celebración del referéndum ilegal". "Eso no es cierto", subrayó Trapero al responder a las preguntas del fiscal, quien indagó de forma minuciosa en cada una de sus decisiones. El Ministerio Público intenta probar que la movilización de los policías catalanes fue "escasa", además de "inadecuada", y que las directrices fueron "ambiguas" de forma deliberada, y contrarias a la orden judicial que prohibía la celebración del referéndum del 1 de octubre. Por el contrario, el ex jefe policial defendió el dispositivo desplegado aquellos días y su carácter "proporcionado" ante unos manifestantes que no se mostraban violentos. Trapero, quien ya declaró como testigo en el juicio ante el Supremo, niega haber incumpliendo la ley y la Constitución, pero además, durante su declaración se mostró contrario y crítico con el plan secesionista liderado por el ex presidente Carles Puigdemont. En ese sentido, el ex Mayor de los Mossos, relevado de su cargo tras la intervención de la región para abortar la secesión, calificó de "barbaridad" la primer resolución del parlamento catalán que puso en marcha el intento secesionista tras las elecciones de 2015. Ante el inicio del juicio, el presidente catalán, Quim Torra, expresó su apoyo a Trapero y el resto de la ex cúpula policial: "La justicia se acabará imponiendo a la venganza", subrayó en Twitter. Este es el segundo juicio -de varios todavía pendientes- relacionados con el fallido intento de secesión catalán de 2017, que abrió la mayor crisis política e institucional en la historia reciente de la democracia en España, país que continúa presionado por las aspiraciones secesionistas de la norteña región.
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