El detrás de una picante audiencia que dio la libertad a Juan Pablo Ortega

El funcionario judicial Juan Pablo Ortega quedó en libertad durante la tarde del lunes en lo que fue la audiencia de control de detención. La decisión fue tomada por el juez de Garantías, Matías Parrón, quien no accedió al pedido de la Fiscalía para que Ortega afronte los primeros seis meses del año que se fijó como plazo de investigación en prisión preventiva. Allí estuvo sentado en el banquillo de los acusados, acompañado de la abogada Sandra Cozzi y las funcionarias judiciales de la Unidad Conclusiva de Causas, su esposa, María Belén Rodríguez y Claudia Elizondo. Todos sospechados de un presunto tráfico de influencias.

La audiencia dejó momentos muy picantes, ya que todos los involucrados trabajan de manera directa o indirecta en el Poder Judicial. Esto ocasionó que durante el transcurso de la tarde se observaran algunas caras de asombro, enojo, e incluso tristeza por parte de los acusados, cuando la Fiscalía enumeró las pruebas que acusaban a los imputados como parte de una asociación delictiva. Tras escuchar los argumentos, fue aquí donde los acusados se defendieron de los argumentos emitidos por Fiscalía.

“No soy miembro de ninguna banda para que me acusen de todo lo que se dice, no entiendo por qué yo estoy sentada acá y no el señor Jorge Emanuel Aguilar. Todos sabemos que los empleados del Poder Judicial no podemos influir en las decisiones de un juez. Pido que se llame a declarar al juez Raed. Solo soy una simple funcionaria del Poder Judicial. Mi función es hacer lo que los jueces me ordenan a mí. Esta denuncia es falsa. Las tres mujeres que estamos imputadas acá son porque tenemos alguna relación o vinculación con mi esposo Juan Pablo Ortega. Espero ser notificada durante la investigación de la manera correcta y no enterarme por los medios", aseguró Rodríguez.

Por su parte, Ortega denunció una campaña de persecución hacia su función dentro del Poder Judicial. “Siento una persecución en mi contra. En ningún momento me han allanado todos los celulares que dicen que usé para encabezar esta supuesta asociación que armaba estas presuntas causas falsas. Hay una carencia de objetividad en todas estas acusaciones”, afirmó el acusado. Mientras que Cozzi con Elizondo negaron las acusaciones en su contra y esta última revalidó su compromiso con su cargo dentro del Poder Judicial. “En mis 16 años vengo cumpliendo lealmente mi profesión. Todo lo que están diciendo es falso. Lo único que he hecho es cumplir mi labor siendo honesta. Llevo 21 años siendo honesta en mi trabajo y en la vida. La relación que yo tengo con Ortega y Rodríguez es cero asociación ilícita. Es solo una relación de compañeros. Mi trabajo se ha hecho bajo las directivas del juez y pido una amplia investigación porque me siento injustamente sentada acá”, sentenció.

Finalmente, tras los argumentos esgrimidos durante las casi 4 horas de audiencia, Parrón le dio la libertad a Juan Pablo Ortega y Fiscalía deberá encargarse de recopilar las pruebas suficientes durante el plazo de un año. Al mismo tiempo, el magistrado se declaró incompetente para que la causa vuelva a ser dirigida por el juez Abelin Cottonaro.

Modus operandi de la supuesta asociación ilícita

De acuerdo a los dichos de los fiscales, esta aparente asociación estaba encabezada por Juan Pablo Ortega, el cual quien habría utilizado 27 celulares con su tarjeta SIM durante dos años, donde estaba incluida su tarea en la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio. Esta cantidad resultó llamativa para los representantes de la Unidad Fiscal Delitos Especiales porque sospechan que el funcionario judicial habría desplegado estas maniobras para evitar el registro de sus comunicaciones a través de WhatsApp en el marco de un tráfico de influencias.

Ortega también fue señalado por armar presuntamente una causa de abuso sexual a un hombre, Jorge Emanuel Aguilar. Es aquí donde quedaron en la mira sus allegados: otras dos funcionarias judiciales, la esposa y una amiga de Ortega, además de su abogada Sandra Cozzi, quien según las acusaciones de Fiscalía, era de su círculo de confianza. En este contexto, según los argumentos del MPF, los acusados llegaron a la conformación de una asociación ilícita y el ejercicio ilegítimo de la profesión que lo llevó directamente a efectuar la violación de sus deberes como funcionario público.

Todo se inició el 20 de enero de 2021, cuando una mujer denunció a su expareja por el supuesto abuso sexual de la hija de ambos. Según el expediente, la denunciante se pudo contactar con Ortega, quien era uno de los coordinadores de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces, debido a que familiares de ambos tienen lazos de amistad. Tras este llamado, el funcionario judicial le habría recomendado una abogada amiga, Sandra Cozzi, para tramitar el expediente. Sin embargo, esto no habría quedado en una sugerencia, porque en la investigación se desprendió que Ortega se habría encargado de la confección de escritos que la abogada recibía vía mail y firmaba y presentaba en la Unidad Conclusiva de Causas. De hecho, Cozzi le habría enviado al menos uno de ellos para que lo revisara.

Cabe destacar que Ortega también fue señalado como amigo de la jefa de la Unidad Conclusiva de Causas, Claudia Elizondo, además de estar casado con la subjefa Belén Rodríguez. Según las palabras de Micheltorena, el funcionario judicial hizo valer su influencia con ambas para darles instrucciones que le dieran una tramitación rápida a la causa y beneficiosa para la denunciante. Esto tiene que ver con que la pericia oficial reveló que la menor no presentaba ningún rastro de abuso sexual, pero el planteo de Cozzi y la presunta intervención de Elizondo, logró que pudiera realizar un análisis psicológico la licenciada Delia Sobrero, conocida de Ortega a través de la Escuela de Capacitación Judicial que este dirigía.

Ortega declaró una campaña de desprestigio y persecución en su contra. Imagen DIARIO HUARPE.

La defensa Aguilar había cuestionado la designación de la perito privada, lo que fue rechazada por el juez interviniente en base un proyecto de resolución redactado por Elizondo. Asimismo, apeló y se concedió la medida, sin embargo, la causa, en manos de la esposa de Ortega, nunca fue enviada a la Cámara de Apelación. Además de ese punto, Fiscalía tuvo en cuenta que la psicóloga Sobrero le envió a la subjefa de la Unidad Conclusiva sus datos personales para ser incorporada como perito de parte cuando aún no se había resuelto el cuestionamiento de su designación.

Pese a las maniobras efectuadas, el juez Eduardo Raed dictó la falta de mérito en la causa por abuso sexual al hombre denunciado, quien llevó adelante la acusación contra Ortega y varios empleados judiciales. Además, tramitó en un Juzgado de Familia la revinculación con su hija y la consiguió.