Expropiaciones: en Tribunales dan por hecho que el juicio no empezará este año

A casi una década de la denuncia que destapó la olla, en el palacio de Tribunales ya afirman con grado de certeza que el comienzo del juicio por el escándalo de las expropiaciones pasará para 2020. Luego de que la Cámara Penal rechazara recientemente pedidos de nulidad presentados por tres de los acusados, en la misma instancia están pendientes de resolución un nuevo planteo de prescripción del exfiscal de Estado Mario Díaz que podría llegar hasta la Corte de Justicia y las recusaciones contra los integrantes del tribunal que tendrán a su cargo el proceso oral. Todo eso, agregado a las medidas preliminares que se deben tomar antes de la apertura del debate, llevará más tiempo del que resta para terminar este año.

La causa se disparó en 2010 y, aunque parezca increíble, aún no tiene resolución. Las demoras se deben, fundamentalmente, a dos cuestiones que van más allá de su complejidad: la mayoría de los jueces penales se excusó de intervenir por razones de amistad con los imputados y éstos últimos presentaron decenas de recursos durante toda la etapa de instrucción.

El caso sintetiza uno de los mayores escándalos en la historia provincial. En la mira están, entre otros, los abogados Santiago Graffigna y Ricardo Alday, los exjueces Rosalba Marún y Carlos Macchi, Díaz y exfuncionarios del Tribunal de Tasaciones, por la supuesta conformación de una asociación ilícita que coordinó acciones para inflar el valor de terrenos expropiados y sacarle millones de pesos de más al Estado provincial.

La intención en el Poder Judicial era dar comienzo este mismo año al juicio oral y público. Sin embargo, las fuentes afirmaron que el recurso de Díaz, las recusaciones de los miembros del jurado, el control de legalidad y la prueba a producir que se debe definir antes de comenzar el debate demandarán varios meses y que no quedará otra que esperar hasta 2020.

Las dos primeras partes de la investigación ya fueron elevadas a juicio, la última se terminó de instruir en julio y cuando el juez Benedicto Correa la iba a mandar a la Cámara Penal con el mismo objetivo, Díaz, y los exintegrantes del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani y Adolfo Cravero objetaron la medida bajo el argumento de que aún hay prueba por producir. La Sala II de la Cámara Penal les denegó el planteo a los tres.

Díaz no se quedó con eso y la semana pasada presentó una queja ante la Cámara Penal, sosteniendo que la causa prescribió, es decir que se vencieron los plazos. Otros acusados habían apelado a la misma estrategia y se la rechazaron, por lo que se espera que esta vez no sea la excepción.

No obstante, como lo que está pidiendo Díaz genera definitividad (si se declarar la prescripción, sería liberado de culpa y cargo y no se lo podría juzgar), ante la muy posible negativa de la Cámara Penal, tendría derecho a insistir ante la Corte de Justicia. Eso, sería otro trámite que demandará más tiempo.

Correa no tiene impedimento para elevar el tercer expediente de la causa y lo estaría haciendo entre hoy y mañana. Lo mismo, el tribunal de juicio no lo puede iniciar hasta que se defina formalmente si el caso prescribió o no y para eso hay que esperar lo que eventualmente diga la Corte.

El jurado debe controlar la legalidad de todo lo actuado y abrir una instancia para que las partes digan que prueba quieren productor durante el debate. Una fuente judicial estimó que, teniendo en cuenta la feria de enero, el juicio no empezará antes de abril o mayo del próximo año.

Cifras

42

Millones de pesos se determinó que es el perjuicio que sufrió la provincia por las expropiaciones investigadas.

1.600

Millones de pesos es lo que el Estado evitó pagar por juicios de expropiación luego de que saliera a la luz el escándalo.