San Luis respaldó a La Pampa en el pedido de intervenir en el manejo del Río San Juan

San Luis se sumó al reclamo de La Pampa que afecta directamente el uso de aguas superficiales y subterráneas de San Juan. Se trata de la solicitud de crear un comité de provincias con injerencia en la Cuenca Desaguadero, que según el reclamo de los gobiernos aguas abajo, integran también las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. El pedido llegó hasta la Corte Suprema, donde se encuentra todavía sin avances.

La noticia de que San Luis iba a sumarse a este pedido sorprendió por lo repentino, pero para el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, en diálogo con DIARIO HUARPE, se trata de “un acompañamiento que coincide con la posición de las provincias aguas abajo”. El conflicto, que toma fuerza en el contexto de una crisis hídrica sin precedentes en el país, es entre las provincias donde se originan las aguas cordilleranas y aquellas que están geográficamente hacia el Este.

Con La Pampa como punta de lanza, el reclamo es que la gestión de los ríos que inician en la Cordillera sea entre todas las provincias. El fundamento del pedido está en que todos los cursos serían parte de una mega cuenca, que empieza en las montañas y termina en el Atlántico, conocida como Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Pero tanto San Juan como Mendoza han presentado informes de especialistas e instituciones que aseguran que este supuesto sistema integrado de ríos no es tal.

“La cuenca hídrica de San Juan es distinta a la de La Pampa y Desaguadero”, aseguró Alvo. “El río es exclusivamente de la provincia porque inicia en la montaña y tiene línea de base en las Lagunas de Guanacache”, agregó el Fiscal de Estado. Según los informes técnicos con los que San Juan argumenta su postura en contra del comité, la cuenca Desaguadero existió hace cientos de años, cuando los aportes a los ríos eran mucho mayores a los actuales. Pero luego este cause, por razones naturales, se secó. Además de que cuando efectivamente había conexión entre los ríos cordilleranos y los de la zona central argentina y hasta el mar, era una cuenca de baja calidad con aguas muy salinas.

Alvo también reclamó que en las últimas declaraciones a la prensa de la Fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt, no mencionó que ya hubo una provincia aguas abajo que desestimó la existencia de la cuenca interprovincial: Río Negro.  

La alineación de San Luis tuvo un fuerte impacto en medios de La Pampa. Alvo aseguró que esta provincia “siempre ha hecho un manejo político” del tema del comité de cuenca y dijo que la causa en la Corte Suprema “está suspendida porque esta provincia debía subsanar un vicio en la presentación y no lo hizo, lo que demuestra el desinterés de La Pampa por un avance real”.

Es que el pedido de conformación que la provincia del Este llevó a la Justicia, citaron un informe de la UBA que justificaría considerar las aguas de San Juan como parte una cuenca interprovincial. Pero San Juan presentó a través de su Fiscalía de Estado un pedido para suspender el avance del trámite judicial debido a que el estudio completo no estaba incluido. Este paso todavía no se cumple, por lo que no hay avances en la Corte.

En todo este proceso las autoridades sanjuaninas trabajan con las mendocinas, en un frente común que busca que sigan teniendo control sobre sus ríos. “Los recursos hídricos que se pretenden afectar son los de Mendoza y San Juan”, explicó el Fiscal de Estado.

Tambolar: la otra demanda de La Pampa contra San Juan

El tema del uso de aguas ha copado la agenda interprovincial entre La Pampa y San Juan desde hace un tiempo. Es que además de pedir conformar un comité de cuenca, la provincia aguas abajo también presentó un recurso para frenar la obra de El Tambolar, también considerando que el uso de aguas en la provincia afecta la llegada del recurso hacia el Este.

Mientras la presentación por el comité se encuentra según Alvo frenada por la inacción de los mismos demandantes, la que va contra el dique todavía sigue su curso, pero sin mayores avances. El fiscal aseguró que esperan que “se ordinarice el amparo y San Juan pueda probar que la construcción del dique está de acuerdo a la norma”.

En julio la provincia presentó la documentación y está en manos de la Vocalía 1 de la Corte Suprema, que se encuentra en pleno proceso de recambio de sus integrantes. Según Alvo no existe un plazo para que haya una respuesta del principal órgano judicial, por lo que podría tomar meses o más de un año. Mientras tanto la obra sigue habilitada para seguir adelante y es lo que está sucediendo.