Tras ser echado, Rivera Prudencio puede ser investigado por la Justicia

Los dolores de cabeza por sus propios actos al frente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE)  podrían no haber terminado para Jorge Rivera Prudencio. El 29 de diciembre el gobernador Sergio Uñac lo echó por haber atacado a un periodista y ahora puede verse obligado a tener que dar explicaciones en la Justicia. Sucede que el Tribunal de Cuentas debe resolver acerca de la polémica afectación de fondos que hizo el exfuncionario para comprar un terreno destinado a la nueva sede del organismo y hay chances de que todo derive en un proceso Penal para que se investigue si hubo delito.

Rivera Prudencio presidió el EPRE durante más de 20 años y tras decenas de polémicas, Uñac dijo basta. El antepenúltimo día del año pasado lo despidió por haber atacado verbalmente e invitado a “pelear” al periodista Walter Ríos. Cuando el jefe del área de la sección Política de Diario de Cuyo le preguntó en un acto, que estaba lleno de autoridades, empresarios y trabajadores de medios de comunicación, sobre el escándalo que se desató por el uso de los fondos de afectación específica del EPRE, el exfuncionario reaccionó de la peor manera: a los gritos, lo trató de “ignorante”, “mentiroso” y “cobarde” y se le puso cara a cara y le dijo “dale, pégame, tócame”.

Si bien Rivera Prudencio ya no es funcionario, la investigación por el uso de los fondos del EPRE sigue adelante y está en manos del Tribunal de Cuentas. El organismo debe resolver si estuvo bien lo que hicieron el exfuncionario y sus dos compañeros de Directorio, Oscar Trad (vice) y Roberto Ferrero (vocal).

El extitular del EPRE quería construir cocheras para autoridades y empleados y un depósito en un lote que adquirió la institución sobre Ruta 40. El inmueble costó unos $17 millones y según una resolución interna de la misma institución, se pagó con dinero del Fondo PIEDE y el fideicomiso para la Interconexión en 500 kV.

El problema es que el dinero que se recauda a través de la boleta de la luz para el Fondo PIEDE y la línea de 500 kV tiene afectación específica por ley. Ambos se crearon con una sola finalidad. El primero se puede utilizar nada más que en obras del sistema eléctrico sanjuanino y el segundo es sólo para financiar el tendido que une San Juan con Mendoza y el día que se cubran esas necesidades, se deben derogar.

Si las pruebas ratifican que las autoridades del ente regulador usaron parte de ese dinero para otra cosa que no establece la ley (sólo se puede invertir en obras eléctricas), se podría configurar el delito de malversación de caudales públicos. Pero como el Tribunal de Cuentas no tiene facultades para determinar si hubo o no una conducta delictual, debería mandar las actuaciones al Ministerio Público para que un fiscal diga si corresponde abrir una investigación penal contra Rivera Prudencio y sus antiguos compañeros.

Una fuente del Tribunal de Cuentas reveló que, en principio, la compra del terreno por parte del EPRE no implicó perjuicio fiscal alguno. Por otra parte, no descartó que exista una presunta malversación de fondos y que los vocales del organismo, en virtud de las obligaciones que les impone la ley, no tengan otro que darle intervención a la Justicia Penal.

Por lo pronto, el equipo legal del organismo de control trabaja en estos momentos en un dictamen que luego será puesto a consideración de las autoridades, para que emitan la resolución final. Las fuentes dijeron que eso podría suceder en febrero o marzo, una vez que todos los miembros del Tribunal de Cuentas vuelvan de la licencia de verano.