El juez Martín Cormick le puso este plazo límite al Gobierno en plena feria judicial y el Ministerio de Capital Humano deberá informar cómo repartirá los alimentos.

Las comunas no accedieron, porque no cumplieron la Ley de Responsabilidad Fiscal. Son $200 millones que no se pierden, sino que se acumulan a los $295 millones previstos para 2020.