Inquilinos denuncian que hay 18.000 viviendas desocupadas en San Juan

Toda la vida la relación entre inquilinos y propietarios fue un tire y afloje permanente. Aunque en los últimos años, el desequilibrio económico del país derivó en la profundización de esa brecha al punto que hoy, a un año de la sanción de la normativa que rige la convivencia legal, se puso en consideración de los legisladores una nueva disposición que regula puntos clave para generar más oferta en el mercado. Sin embargo, desde San Juan salieron al cruce de ciertas aristas del proyecto y denunciaron que en la provincia hay cerca de 18.000 viviendas ociosas.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por Víctor Bazán, referente de la Asociación de Inquilinos a nivel local. Este detalle surge luego de las intenciones del Gobierno nacional, formalizadas por medio del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, de debatir un impuesto especial para aquellos dueños que deciden sacar los inmuebles de alquiler y dejarlos sin uso con la excusa de que arrendándolo van en pérdida.

Si bien esta medida parece innovadora, lo cierto es que ya se aplicó en varios países de Europa. El Estado tenía una nómina de viviendas en alquiler y notaban que estaban vacías cuando comparaban el consumo de servicios y determinaban que, de un mes a otro, había bajado considerablemente. Cuando esto se mantenía en el tiempo, aplicaban el impuesto. Aunque ya tiene vigencia en distintas partes del mundo, el desembarco en Argentina sería toda una novedad y, como casi siempre, su aplicación genera polémica.

“Si esas viviendas ociosas son puestas en el mercado de alquileres, veríamos que la oferta aumentaría y bajarían los cánones locativos”, opinó Bazán.

Para el sanjuanino, es necesario que el Estado intervenga de dos maneras. En primer lugar, cobrándole este impuesto a aquel que no hace uso de la vivienda y tampoco tiene la predisposición de arrendársela a alguien para que lo haga y, en segundo lugar, otorgarle beneficios como, por ejemplo, descuentos en el pago de tasas o servicios, a quien tiene la aptitud de alquilarlas, propiciando así un aumento en la cantidad de casas disponibles en el mercado.

“Deben castigar a los que especulan con la vivienda dolarizada. Son medidas que existen en el resto del mundo, pero ahora terminan pagando las consecuencias la parte más débil del contrato, es decir, los inquilinos”, apuntó.

Críticas a la reforma

Bazán fue tajante al decir que el inquilino está desprotegido. “Hay un desamparo por parte del Estado desde que se creó el proyecto anterior hasta la aplicación de la ley”, argumentó. La preocupación que tienen es que en el bosquejo de reforma aparece el remplazo del pago anual por uno semestral y el acortamiento del periodo de arrendamiento de tres a dos años.

“Son cambios que son cruciales y no deben suceder. Esto no mejoraría la oferta ni tampoco bajaría los cánones locativos”, indicó. Al mismo tiempo, agregó que las inmobiliarias buscan introducir estas reformas para dejar al sector que él representa con menos posibilidades de defensa.

Para el sanjuanino es fundamental que la autoridad regule esta situación porque el aumento estaría atado a la inflación y a un índice proporcional a los salarios. La cuestión que plantean es que los sueldos, la mayoría de las veces, no van acompasados con la suba de precios y esto los dejaría en desventaja. Entiende que en el supuesto de aplicarse, les darían menor previsibilidad a los inquilinos.

Bazán explicó que la reducción de un año en el contrato es para que las inmobiliarias no cobren una comisión menos. “Cada vez que se inicia un contrato se cobra la comisión, si le sumas tres años, perdés una. La especulación que existe es muy grande. Entiendo que estas cosas no deberían tocarse”, opinó.

Dato

El 18 de abril, en pleno proceso de debate de reforma de la ley, la asociación sanjuanina alzará la voz de los inquilinos en el Congreso nacional.