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Quattropani presidirá un órgano clave de la Justicia nacional
El actual fiscal General de la Corte ocupará la presidencia del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos del país.
POR REDACCIÓN
Eduardo Quattopani rompió las barreras de la Justicia local y ahora ocupará un cargo clave para el desenvolvimiento de los fiscales del país. El actual fiscal General de la Corte presidirá el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerio Públicos nacionales.
La designación del sanjuanino se dio por decisión unánime de fiscales y procuradores generales de todas las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cargo en el cual se desempeñará tiene un plazo de 2 años. Como segundo de Quattropani, quedó Luis De La Rúa oriundo de Santiago del Estero y de vicepresidente II, Jorge Baclini de Santa Fe.
Qué es el CSPC
El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos, no vinculantes, sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso.
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Objetivos
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales tiene como objetivos: preservar y consolidar la independencia y autonomía del Ministerio Público, resguardando a su jerarquía funcional. Realizar actos tendientes al perfeccionamiento de los miembros del Ministerio Público y al eficaz cumplimiento de la función que, constitucional y legalmente le ha sido asignado. Coordinar el intercambio de experiencias, información e ideas entre los miembros del Ministerio Público.
Además, deben procurar el intercambio de información con personas y entidades públicas o privadas, organismos nacionales, provinciales o municipales argentinos o extranjeros, vinculados con la administración de justicia. De esta manera lograrán el desarrollo de contactos fluidos con los distintos sectores vinculados con la administración de Justicia y el derecho.
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El Consejo tiene que intervenir a requerimiento de la jefatura del Ministerio Público local ante la existencia de actos que comprometan en cualquier jurisdicción la independencia y funcionamiento de la institución. Podrá emitir opinión y/o dictamen en relación con toda la iniciativa parlamentaria relativa a la Administración de Justicia y el funcionamiento del Ministerio Público. Pueden impulsar reformas constitucionales y legales necesarias para obtener la autonomía funcional y financiera en las jurisdicciones provinciales.