Barcesat justificó el millón de pesos que el Estado le da para investigación

Además de ser abogado de Hebe de Bonafini, Eduardo Barcesat está al frente del Laboratorio de Políticas Institucionales de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En diciembre pasado, la Universidad llegó a un acuerdo con la Jefatura de Gabinete de la Nación por el que ese centro de estudios recibirá $1.080.000 durante todo este año.

“El convenio existe y la cifra es correcta”, afirmó Barcesat en diálogo con lanacion.com. El abogado precisó que en el centro de investigación “trabajan siete personas” y que se dedica al estudio de tratados de inversión, entre otros temas.

Barcesat indicó además que la Universidad le paga un sueldo de 15.000 pesos por mes por su tarea como director del laboratorio y que su trabajo como abogado de la Fundación es ad honórem. “Nuestra tarea de asistencia jurídica siempre ha sido gratuita, tanto en la Liga Argentina de Derechos del Hombre como en Madres”, aseguró.

La información sobre el convenio con el Laboratorio de Políticas Institucionales y el sueldo mensual que Barcesat recibe de la Universidad de Madres habían sido difundidos por Infobae.com.

Para el abogado “no hay incompatibilidad alguna” entre el hecho de que la Universidad reciba poco más de un millón de pesos del Estado a través del centro de investigación mientras la Justicia investiga si hubo malversación de fondos públicos en la construcción de viviendas.

“Hasta ahora, la investigación apunta sólo a Sergio Schoklender y su elenco. Si las irregularidades en el manejo de fondos públicos alcanzaran a las Madres sí habría incompatibilidad y tendríamos que pensar en dejar el convenio sin efecto. Mientras tanto, no hay incompatibilidad”, precisó.

En el mismo sentido, añadió: “Hasta que no me demuestren que las Madres tienen una Ferrari o un jet privado, cosa que descarto absolutamente, no veo incompatibilidad alguna”.

De hecho, Norberto Oyarbide aún debe resolver si acepta a las Madres de Plaza de Mayo como querellantes en la causa. Ese paso implicaría considerarlas víctimas y no eventuales responsables de las irregularidades por las que se le imputa el delito de fraude a Schoklender y permitirles actuar como parte en el expediente con posibilidad de pedir medidas de prueba entre otras facultades.