Chile y el estallido social: las demandas que una rígida institucionalidad no fue capaz de procesar

Sectores medios precarizados, politización de las desigualdades y un creciente descontento popular que no pudo ser procesado por la rígida institucionalidad heredada de la dictadura armaron la bomba de tiempo que desató el estallido social en Chile, afirmó la analista, investigadora y doctora en ciencia política chilena Rossana Castiglioni. "Lo que ocurre en Chile es un fenómeno de ribetes estructurales, que no responde al aumento del precio del transporte público, sino a tensiones acumuladas durante décadas", explicó Castiglioni en una charla con Télam. Para la investigadora, que visita Buenos Aires para participar del seminario "Los retos y dilemas de la democracia en América Latina" en la Universidad Torcuato di Tella, hay tres factores que explican el estallido. "Cuando uno analiza la evolución de la pobreza en Chile observa que aunque hubo una reducción muy marcada y sistemática desde el año 90, este fenómeno tuvo una contracara que fue un paralelo aumento -muy vertiginoso- de sectores medios altamente precarizados", subrayó. La mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos (500 dólares), enfatizó. En un país donde la educación superior y la salud no son gratuitas, solo el quintil superior de ingresos tiene beneficios mientras "el resto debe pagar", explica la profesora asociada de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Solo el primer quintil, el de mayores ingresos, está en condiciones de afrontar estos gastos mientras los sectores precarizados "no son elegibles para beneficios sociales, por lo tanto están furiosos", agregó Castiglioni. La investigadora sumó otro factor: el comienzo de la politización de estas desigualdades, que "ya no son solamente un problema social sino que se transforman en un tema político que se expresa desde el año 2006 en grandes movilizaciones por educación, reclamos medioambientales, regionales, de género, etc". Sin embargo, advirtió, esta politización choca con una institucionalidad rígida, consagrada en la Constitución de 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), "diseñada para mantener el statu quo y no para procesar transformaciones sociales". En este punto, la doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) señaló que es irrelevante indagar por qué la crisis se produjo en este momento, "al menos desde las 'teorías volcánicas' del conflicto social, que plantean que cuando se acumulan tensiones en los sistemas por períodos muy prolongados, el momento del estallido es fortuito". En el caso de Chile, estuvo relacionado con una serie de declaraciones desafortunadas por parte de personajes políticos muy visibles, asociados al gobierno, agregó la experta. Enumeró que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo al anunciar la inflación de septiembre que era "un muy buen momento para los románticos" porque el precio de las flores había bajado, y el de Economía, Juan Fontaine, recomendó que quienes protestaban por la tarifa del metro "deberían levantarse más temprano" (cuando la tarifa es más baja). Ambos funcionarios fueron reemplazados durante la crisis. Esta seguidilla de declaraciones no hizo más que "incendiar la pradera" y avivar la rabia contenida de estos sectores sociales, según la especialista. Consultada sobre si el estallido responde a un patrón regional, Castiglioni recordó que desde 2000 para acá, América latina -en el contexto del boom de las materias primas, en algunos casos bajo gobiernos "progresistas"- experimentó, como en Chile, un fenómeno de reducción de la pobreza con expansión de sectores medios precarizados y politización de las desigualdades. Subrayó, sin embargo, la especificidad del caso chileno por el mencionado componente institucional -la Constitución de 1980, diseñada para preservar el modelo-, que agravó la situación. Este es un ingrediente que no existe en Colombia, donde pese a las similitudes con el caso chileno hubo una reforma constitucional (1993) que flexibilizó el sistema y permitió que la Corte Constitucional tuviera un rol muy distinto al que tiene en Chile y que hace posible canalizar institucionalmente el descontento, indicó. En relación con el acuerdo logrado el 15 de noviembre por distintas fuerzas políticas y que abre la puerta a una nueva Constitución con un "plebiscito de entrada" que definirá el mecanismo para su elaboración (convención o asamblea constituyente) y otro "de salida" que determinará su aprobación o rechazo, Castiglioni dijo que "pende de un hilo". "El acuerdo es complejo porque la derecha debió ceder mucho para que haya una nueva Constitución, y la izquierda también, como el quórum (de aprobación) de 2/3, entonces estamos a la espera de ver qué pasa", señaló. "La violencia no cesa y (el presidente, Sebastián) Piñera anunció su intención de permitir que el Ejército cuide la infraestructura publica; veremos si prospera, mientras la gran pregunta sigue siendo si el acuerdo constitucional va a ser capaz de mantenerse vivo en este contexto de tensión", completó Castiglioni.