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Con una auditoría buscan saber si hubo certificados truchos para acceder a la vacunación en San Juan

“Hasta el momento no hemos encontrado irregularidades”, dicen en Salud Pública. ¿Qué pena le cabría al médico que avala una comorbilidad inexistente?

23 de junio de 2021

Salud Pública habilitó desde hace algunas semanas la vacunación para el grupo etario comprendido entre los 18 a 59 años que tuviesen comorbilidades. Para que estos sanjuaninos pudieran acceder a una dosis de la vacuna contra el Covid-19 era necesario que presentaran un certificado médico que avalara la patología que tenían. En este contexto, desde el organismo sanitario iniciaron una auditoría para saber si hubo particulares que concurrieron con un documento trucho firmado por algún médico.

“Muchas veces ocurre que después de colocada la dosis quedan algunas dudas sobre quien accedió a la vacuna y nosotros con el certificado podemos acreditar cuál es la condición por la cual accedieron a la misma”, contó a DIARIO HUARPE Alina Almazán, secretaria de Planificación. Explicó que estos documentos quedan en mano del Ministerio de Salud Pública para llevar adelante este respectivo control.

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La funcionaria sostuvo que están haciendo estudios constantes de estos documentos para ver si en las historias clínicas de estos sanjuaninos están cargadas las comorbilidades que adujeron, ya sea en el sector público o privado. “Hasta ahora no hemos tenido ninguna irregularidad”, apuntó.

Este trabajo empezó hace dos semanas y están tomando las medidas necesarias para cumplimentarlo cuanto antes, aunque no mencionó un plazo de finalización. Eso no tan solo se realiza con los certificados médicos, sino también con aquellos que garantiza el carácter esencial de un trabajador debido a que recientemente se habilitó la inscripción para este sector.

Almazán relató que en cada uno de los centros de vacunación habilitados en San Juan hay un equipo abocado que controla el ingreso de los interesados. Allí hacen un relevamiento de los certificados médicos emitidos en donde observan cuál es la patología por la que se emitieron y a dónde lo hicieron. Obesidad es la que encabeza el ranking.

Más allá de que el organismo ejerza esta función de contralor, propia de sus facultades para encontrar – en el caso de que lo hubiere – alguna irregularidad, otro de los objetivos es crear un registro de las personas que poseen estas enfermedades crónicas así quedan incluidas en potenciales programas a futuro destinados a satisfacer algunas respuestas o acompañamiento de estas problemáticas. Esto no tan solo se tendrá en cuenta en el ámbito de la vacunación, sino también en otros planes de Salud Pública.

El origen

Desde el Ministerio de Salud Pública confirmaron a este medio que la investigación por alegatos médicos viene desde el año pasado. En aquella oportunidad la mirada se posó sobre las declaraciones juradas que los empleados públicos presentaban para obtener una dispensa en tiempos de pandemia. Sin embargo, en octubre todo cambió debido a que la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos comenzó a controlar estas licencias. Allí determinaron que algunos trabajadores habían alegado patologías que no estaban contempladas. En ese caso se hizo el descuento de los días no trabajados por no obtener la debida certificación.

En el caso puntual del acceso a la vacuna y lo que ello implica en cuanto a que haya un médico involucrado que certifique que una persona padece una comorbilidad para hacerle del certificado para acceder a la dosis, fuentes calificadas del organismo sanitario dijeron a DIARIO HUARPE que si en la auditoría se encuentra alguna falencia irán directamente a la Justicia para determinar lo que pueda suceder. Comentaron que al médico lo podrían inhabilitar e incluso sacar la matrícula en el caso de que esa práctica se haya dado con mayor frecuencia.

Más allá de la suerte que pueda llegar a tener el profesional en Tribunales, en el supuesto de que así lo determine, el particular que ya fue inoculado con al menos una de las dosis no perdería la posibilidad de completar su cronograma de inmunización. “Una cosa no quita la otra. La persona debe completar su esquema de vacunación. El bien (la vacuna) es pública y no algo personal”, aseguraron.

Irregularidad en los certificados

¿Qué pena le cabría al médico?

El Código Penal establece que esta práctica se tipifica bajo la calificación de falsificación de documentos. Consultado por este medio, el fiscal Iván Grassi sostuvo que es diferente que el médico trabaje en el sector público o privado. Llegado el caso y comprobada la supuesta adulteración, si pertenece a algún hospital público goza de la calidad de funcionario por lo tanto más allá de la pena prevista se podría proceder a la inhabilitación para ejercer cargos en esa área y también de la posibilidad de sacarle la matrícula.

El artículo 292 menciona que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.

Por su parte, el artículo 295 viene a corroborar esta postura diciendo que “sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio”.

¿Qué pasa con el particular que recibió el certificado?

El Código también se encarga de regular qué pasa con aquellos que obtuvieron alguna ventaja con un certificado apócrifo. En su artículo 296 establece que “el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad”. Esto se relaciona con la pena del artículo anterior, es decir, de un mes a un año de prisión a reclusión.

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