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Valijas sin escanear: el Gobierno presentó la lista del personal de Aduana
El Gobierno nacional aseguró que los empleados actuaron dentro del Código Aduanero en el control del avión privado de Leonardo Scatturice. La Justicia investiga por qué no se escanearon las valijas de los pasajeros.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional presentó ante la Justicia la nómina del personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) que participó en los controles del avión Bombardier, perteneciente al empresario Leonardo Scatturice, en el que viajaba la gerente de OCP TECH, Laura Belén Arrieta, junto a los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.
La medida responde a un pedido del Juzgado Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, que busca establecer quiénes estuvieron presentes cuando, presuntamente, se les indicó a los pasajeros que no era necesario pasar sus valijas por el escáner, al momento de su ingreso al país.
Pese a la entrega de la información, el Ejecutivo confirmó que no apartará a los empleados ni aplicará sanciones internas, asegurando que “no cometieron ningún delito” y que las acciones se encuadraron dentro de lo que permite el Código Aduanero. “No va a haber ninguna sanción interna”, remarcaron fuentes oficiales.
Desde el oficialismo explicaron que, si bien no se realizaron todos los controles habituales, estos no son obligatorios en todos los casos. “Las valijas no pasan siempre por los escáners”, indicaron, y destacaron que el avión provenía de Estados Unidos, país con rigurosos controles previos de seguridad.
La investigación judicial también apunta a determinar el rol del personal de la ANAC, aunque hasta el momento el Gobierno no recibió ningún requerimiento formal respecto a esos agentes. Tampoco hubo pedidos vinculados a la Dirección Nacional de Migraciones, de acuerdo a lo informado por voceros oficiales.
Además, el juez Yadarola solicitó detalles sobre los vehículos que se acercaron a la aeronave tras el aterrizaje, para establecer quiénes viajaban en ellos, cuál era su función y si tenían autorización para intervenir en el operativo.
En medio del avance de la causa, el Gobierno intenta despegar el episodio de cualquier sospecha penal o irregularidad. La postura oficial es clara: respaldo absoluto a los agentes de Aduana y colaboración con la Justicia, pero también un intento por desactivar el impacto público del caso.
Desde Casa Rosada insisten en que no hubo ilegalidades, sino un procedimiento “dentro de lo discrecional que permite la normativa vigente”. Sin embargo, el juez continúa reuniendo elementos para establecer si existieron omisiones dolosas o conductas irregulares en el ingreso del vuelo privado.