POR REDACCIÓN
03 de diciembre de 2019
La Cámara Federal de Córdoba decidió hoy trasladar a Buenos Aires la competencia en la causa donde están imputados el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, la ex ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni, acusados de no prestar asistencia con las fuerzas federales a la provincia durante el autoacuertelamiento policial de diciembre de 2013, cuando el gobierno cordobés pedía ayuda por las redes sociales. En fallo unipersonal, el juez Eduardo Ávalos resolvió declarar la competencia territorial del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires en la causa caratulada “Capitanich, Jorge Milton; Rodríguez, María Cecilia; Berni, Sergio Alejandro por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La imputación que les atribuyó la fiscal cordobesa Graciela López de Filoñuk, el 15 de mayo fue por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". El juzgado federal 3 de Córdoba se declaró incompetente en junio para tratar el caso y argumentó en ese entonces que "el ilícito en cuestión debería ser investigado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que allí es donde las personas denunciadas prestaban sus funciones, en representación del Estado Nacional, y donde se habría consumado el posible delito". Los ex funcionarios ejercían sus cargos durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández mientras se desarrolló el acuartelamiento de los efectivos policiales, el 3 y 4 de diciembre de 2013, que derivó en distintos hechos de violencia, saqueos y disturbios en la provincia, que era gobernada por el recientemente fallecido José Manuel De la Sota, quien se encontraba de viaje. La acusación está basada en que no respondieron a la solicitud de ayuda que había hecho la provincia durante la protesta de los efectivos policiales, que reclamaban un aumento salarial, entre otras cuestiones. Por ese motín, la justicia provincial condenó a varios policías, aunque la causa avanzó en el plano federal, y en ese juicio quedaron evidenciados los llamados a Berni, Rodríguez y Capitanich para pedir el envío de fuerzas de seguridad nacionales fueron insistentes. El propio De la Sota había hecho públicos por twitter sus pedidos de ayuda al gobierno central y ante la falta de respuestas difundió los teléfonos a los que hizo llamados. El año pasado, la Cámara 12ª del Crimen determinó en el fallo condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y otras por "desobediencia", aunque ninguna de las condenas determinó la prisión efectiva.
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