Ecuador: suspendieron el sueldo a los legisladores refugiados en la embajada de México

La conducción del parlamento de Ecuador le suspendió el cobro de sueldos a cuatro legisladores enrolados con el ex presidente Rafael Correa, que desde hace más de una semana están alojados en la embajada de México en Quito para su “protección y resguardo”, y hasta dispuso que asuman sus suplentes. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), la conducción de la Asamblea Nacional (parlamento), tomó esa decisión sobre los correistas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, y sobre el suplente Luis Molina, todos alojados en la embajada mexicana. El titular de la Asamblea, César Litardo, explicó en su cuenta de la red Twitter que también se suspendió el sueldo al asambleísta Yofre Poma, detenido desde el 7 de octubre por el presunto delito de paralización de servicios públicos. Poma entró con otro grupo de personas a las instalaciones petroleras de Sucumbíos, en medio de las protestas sociales, algunas violentas, que durante 11 días se produjeron en el país contra un decreto del presidente Lenín Moreno que había eliminado el subsidio a los combustibles, medida que luego fue derogada. "Sobre la situación de varios legisladores, hemos resuelto en el CAL suspender el pago del sueldo a los asambleístas asilados en la embajada de México; de igual manera al asambleísta Yofre Poma, durante el tiempo que dure la privación de su libertad", explicó Litardo. Explicó que “los alternos” -los suplentes- sustituirán a los penalizados y recibirán, entonces, los sueldos correspondientes. Buendía, Rivadeira y Viteri igualmente están citado para el jueves, para “ejercer su derecho a la defensa”, aunque se descarta que no irán y podrían comparecer vía teleconferencia, especuló el diario La Hora. Todos los sancionados son afines al movimiento Revolución Ciudadana, cercano al ex presidente Correa (2007-17), que se formó el año pasado como escisión del partido oficialista, Alianza País (AP), después de que Moreno se quedara con la conducción de la agrupación. Los líderes de los grupos indígenas que protagonizaron las protestas atribuyeron el alto nivel de agresividad en ellas a infiltrados, pero el Ejecutivo maneja la hipótesis de que algunos opositores, entre ellos Correa, buscaban desestabilizar la democracia, reseñó la agencia EFE. Los asambleístas no fueron las únicas autoridades que solicitaron protección en la embajada mexicana tras las protestas, porque lo mismo hicieron el procurador síndico de la Prefectura de la provincia de Pichincha, Leónidas Moreno, y las parejas de Buendía y Viteri, Edwin Jarrín y Tania Pauker, respectivamente, quienes trabajaban en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El 14 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló en un comunicado que "en concordancia con su tradición diplomática", el país acogió a estas seis personas para "brindarles protección y resguardo".