El chavismo rechaza a la OEA como observadora electoral y a la ONU como investigadora de DDHH

El gobierno chavista de Venezuela admitió hoy a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) como eventuales observadores de las elecciones parlamentarias de 2020 y rechazó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para esa función y a la ONU para que investigue violaciones de derechos humanos en el país. “Proponemos que (la supervisión de los comicios legislativos) sea lo más amplia posible, que observe Naciones Unidas, la UE si quiere, España si quiere”, afirmó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. “Vamos a cursar invitación a todos los organismos y países que, de buena fe, quieran observar las elecciones parlamentarias”, agregó en conferencia de prensa en Madrid, donde presidió la delegación de su gobierno a la cumbre mundial del clima COP25. Consultado sobre si también se invitaría a la OEA, respondió que “no es una organización multilateral donde se encuentren los países de América” sino que “avala cualquier agresión que se haga contra cualquier pueblo de América que decida ser libre”, según la agencia de noticias EFE. La OEA está integrada por 35 países, todos ellos del continente americano. “La oposición está de acuerdo en que es un organismo completamente politizado; yo sospecho que toda la oposición va a estar de acuerdo con que no vaya la OEA”, agregó Rodríguez. El funcionario aludió en realidad a la pequeña fracción de partidos no chavistas que aceptaron llevar adelante un “diálogo nacional” con el gobierno del presidente Nicolás Maduro después de que este suspendiera las negociaciones que había entablado con los partidos más representativos de la oposición. El grueso del antichavismo, que con su holgada mayoría controla la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y sostiene el gobierno interino designado por ese poder y encabezado por Juan Guaidó, ejerce la representación de Venezuela ante la OEA después de que la administración de Maduro se retirara de ese organismo. Por otra parte, el gobierno de Maduro rechazó en un comunicado “la conformación de una pretendida Misión de Determinación de Hechos para Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos” de la ONU. Según la administración chavista, la creación de esa misión se debe al “vergonzoso uso político de los mecanismos” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que responsabilizó a “un grupo reducido de gobiernos con graves expedientes de violación de derechos humanos”. A fines de septiembre pasado, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dispuso crear una comisión que investigará presuntas violaciones humanitarias por parte del gobierno. La resolución, impulsada por el Grupo de Lima, fue aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones. Esa iniciativa es consecuencia del informe sobre Venezuela que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó en julio pasado, en el que afirmó que las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron cerca de 7.000 personas entre enero de 2018 y mayo de 2019 y denunció que había 793 personas privadas arbitrariamente de su libertad y más de dos decenas de diputados opositores despojados de su inmunidad parlamentaria.