El MAS aprobó una Ley de Garantías y la presidenta interina Áñez anticipó que será vetada

El Movimiento al Socialismo (MAS) hizo vale su mayoría en el Paralamento boliviano y aprobó esta madrugada la Ley de Garantías para dirigentes que protagonizaron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre, que fueron anuladas después de que se confirmó el fraude electoral. El MAS usó sus dos tercios en la Cámara Baja para aprobar la ley que evitará que sean detenidos y perseguidos judicialmente los "líderes sociales" y "dirigentes sindicales, de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos" que participaron en las violentas protestas, luego de que Evo Morales fuera forzado a renunciar a la presidencia. La diputada de Demócratas, Rose Marie Sandóval, anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley pese a que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, anunció que vetará la ley o no la promulgará porque va en contra de la Constitución Política del Estado, según publica hoy el diario paceño Página Siete. La ley en cuestión también busca "modular" el juicio de responsabilidades en contra de altas autoridades, en este caso Evo Morales y el ex vicepresidentes Alvaro García Linera, ahora asilados en México. El artículo 7 de la norma señala que se "regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra el Presidente/a, Vicepresidente/a y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, Magistratura (...)”. El oficialismo afirna que Morales dio la orden de bloquear las principales ciudades de Bolivia, actos en los que se produjeron bloques, saqueos a comercios y un clima generalizado de violencia, seguidos de una fuerte represión. Aniceto Arce, diputado del MAS, dijo que seguramente se someterán a juicios por aprobar la norma. “Nunca nos vamos a arrodillar, es mejor morir, pero morir de pie”, proclamó. La diputada Sandóval explicó que la Carta Magna no prevé la impunidad como derecho político sobre todo cuando se cometen delitos, por lo que esta norma es contraria a la Constitución y corresponde un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.