POR REDACCIÓN
13 de noviembre de 2019
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos solicitó hoy que se fije una nueva fecha para el inicio del juicio oral y público al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ex gobernador provincial Sergio Urribarri, y a otros funcionarios y familiares por el supuesto desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015. Los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola suspendieron ayer el inicio del juicio previsto para el próximo miércoles, donde también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; el ex ministro de Cultura Pedro Báez, hoy diputado provincial (PJ), y otras siete personas. Están acusados de realizar negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. "De realizarse con premura podría significar el inicio del debate en los últimos días del año en curso, o en su defecto, al iniciar el próximo año", aseguraron desde la Procuraduría. Para el MPF, sin fijar una fecha se está "alentando a la existencia de nuevos conflictos de agenda y casi con seguridad, nuevas solicitudes de reprogramación". En ese sentido, solicitó como "indispensable" la fijación de fecha de inicio para que no "cierre de la etapa de recepción de pruebas en la causa Federal". También propuso que se "determine inmediatamente la fecha del juicio", y remarcó que "uno de los diez acusados ha manifestado públicamente su interés en que se realice prontamente el juicio". La investigación surgió por una denuncia que realizó en 2013 el ex diputado nacional por Entre Ríos Jorge D'Agostino. Los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro adelantaron que pedirán ocho años de prisión efectiva para Urribarri, Baéz y Aguilera. Según la acusación, entre 2010 y 2015 se otorgó un total de $24.204.918 para realizar publicidad callejera oficial que habrían sido direccionadas en favor de la empresa de un familiar de Urribarri. Además, según la investigación, Urribarri habría adjudicado 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 500.000 pesos a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en ciudad de La Plata.
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