Enigmas de la corte suprema

Es indudable que el hecho institucionalmente más relevante de los últimos días, ha sido la inexplicable actitud del máximo tribunal de Justicia del país, al requerir al Tribunal Oral Federal Nro. II (que deberá iniciar el juicio oral contra la expresidente Cristina Fernández, Julio de Vido, José Lopez, Lázaro Baez y otros nueve imputados en la causa que se conoce con el nombre de “Vialidad” o “del redireccionamiento de la Obra Pública”), la remisión de los más de cincuenta expedientes que se formaron en la etapa de la instrucción de dicha causa, y que juntos suman más de diez mil fojas.

         Califico de “inexplicable” al pedido de la Corte Suprema, porque no se le puede encontrar una justificación jurídica ni política atendible. Veamos.

         Durante el desarrollo de la primera etapa de la causa por el redireccionamiento de la obra pública, se efectuó la instrucción o investigación inicial, después de la cual quedó todo dispuesto para el inicio del juicio oral. Durante el desarrollo de esta etapa inicial, los abogados de los diferentes imputados fueron haciendo planteos que, rechazados por la Cámara Federal o por la Cámara de Casación Penal, terminaron en la Corte Suprema a través de sendos recursos de queja.

         Esos diferentes planteos (aproximadamente diez) que fueron arribando al máximo tribunal en los últimos meses, son los que provocaron la reacción tardía de este último, que cuatro días antes del inicio del juicio oral, le pidió al Tribunal Federal ante el cual se desarrollará el mismo, que le envie los más de cincuenta expedientes. La resolución no tenía más contenido que dos líneas, en las cuales solo se invocaba “urgencia”.

         Lo que no se entiende jurídica y procesalmente, en primer lugar, es por qué tanta urgencia cuando la Corte podría haber ido analizando dichos planteos con tiempo. En segundo lugar no se explica cómo la Corte no ha rechazado los referidos recursos de queja a través de los cuales se produjeron los mencionados planteos, toda vez que se trataba de recursos que apelaban resoluciones “no definitivas”, y el máximo tribunal solo interviene cuando llegan a él recursos de apelación contra sentencias definitivas, es decir, que ponen fin al proceso en una instancia anterior.

         Al requerir al Tribunal Oral la remisión de los expedientes que éste necesita para poder iniciar el juicio oral, lo que la Corte hizo es, indirectamente, postergar el inicio del mismo. Es cierto que los recursos de queja no suspenden la continuación del proceso, pero entonces para qué exigir con tanta urgencia esos expedientes.

         Sin duda la gran incógnita es saber si detrás de la decisión de la Corte hubo causas jurídicas o políticas.

         Jurídicamente, el único motivo por el cual la Corte podría requerir la totalidad de los expedientes de la causa, es para revisar si los rechazos a los planteos antes mencionados eran correctos. Sin embargo la Corte no interviene en los expedientes por cuestiones de hecho ni probatorias, sino por cuestiones de derecho y siempre que se trate, lo repito, de sentencias definitivas. Así lo establece la legislación procesal y la misma jurisprudencia del mismo Tribunal.

         Ninguno de los recursos que la Corte tenía para resolver, contenían planteos que no pudieran ser resueltos durante el desarrollo del juicio oral, o en las instancias de apelación posteriores, o por la misma Corte cuando le tocara intervenir por apelación de la sentencia definitiva. De modo que este accionar jurídicamente extraño y tardío en el tiempo, no parece dejar otro margen que el de creer que ha habido, en los cuatro jueces que actuaron de tal manera (el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz no estuvo de acuerdo con el pedido de los expedientes), alguna intencionalidad política.

         Pues nuevamente se trata de determinar cuál puede haber sido: ¿proteger a Cristina Fernández? No lo creo. ¿Permitir que desarrolle su campaña sin el peso de un proceso judicial en marcha? Lo dudo.

         Entiendo que existe, en los integrantes de la Corte, un previsible temor por el posible regreso al poder de la expresidente. Solo es cuestión de mirar para atrás y atar cabos: algunos días atrás un intelectual kirchnerista, Mempo Giardinelli, dijo sin ponerse colorado y sin tapujos, que había que “eliminar al Poder Judicial”. Antes de eso el intendente de San Antonio de Areco había vociferado que en la Corte tenía que haber “militantes de la causa nacional y popular”. Por su parte la propia Cristina Fernández, cuando era presidente, despotricaba contra los jueces que “osaban” declarar la inconstitucionalidad de alguna de las leyes que el Congreso dictaba, invitándolos a no hacer política desde el Poder Judicial, o bien “a formar un partido político y a presentarse a elecciones para que los vote el pueblo”.

         Es indudable que la expresidente Cristina Fernández es partidaria de un sistema democrático no republicano, o de una “desrepublicanización” de la Argentina, pues su filosofía es que los jueces, al no ser votados por la gente, no poseen legitimidad democrática de origen que justifique una eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma emanda de órganos cuyos integrantes sí la tienen. Si bien el argumento es un sofisma, es decir, una afirmación con razonabilidad aparente, conlleva una profunda vocación antirepublicana, y quien enarbola esa filosofía, en el contexto político actual  tiene posiblidades de regresar en diciembre próximo. Por lo tanto suena posible en la coyuntura que los jueces teman por lo que pueda venir, y comiencen a actuar en consecuencia.

         Lo cierto es que la notable repercusión social del hecho hizo que la Corte saliera a aclarar que el inicio del juicio oral no se suspendería. Ello no obstante todo esto ha dejado un saldo preocupante, porque si en la Corte existe temor hacia el futuro tenebroso que significaría el regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada, qué le queda a los jueces federales inferiores, quienes están bajo la lupa del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que, de lograr el kirchenrismo una muy buena elección en la primera vuelta, podría tener mayoría kirchnerista, y por lo tanto se agudizaría la persecusión de aquellos jueces de primero o segunda instancia que no estén consustanciados con lo que se conoce ambiguamente  como “campo nacional y popular”.