La intención del MAS de una amnistía a Morales opacaba posibilidades de convocatoria a elecciones

Un consenso entre la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) y legisladores alineados con la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, permitió hoy la aprobación en el Senado de una ley de urgencia para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones pero todo podría trabarse por un intento de ley de amnistía para Evo Morales. La cámara alta aprobó por unanimidad el proyecto de ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales" y lo remitió a la Cámara de Diputados, que comenzará su tratamiento esta misma tarde. Pero la suerte de esa iniciativa en la Cámara baja, donde el MAS tiene una cómoda mayoría puede estar atada al proyecto de ley extraordinaria que esa fuerza presentó hoy en el Senado que, además de otros argumentos, pretende lograr una amnistía para el ex presidente Evo Morales y su vice desde 2005, Álvaro García Linera. Áñez se apresuró a afirmar estar tarde que no promulgará una ley que proponga darle inmunidad al binomio presidencial depuesto. Es una decisión "clara y firme" para no otorgar protección "a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos", agregó Áñez. Previo a que esta iniciativa se instalara en el escenario, la sensación era que la aprobación de la convocatoria a nuevas elecciones estaba bien encaminada. "En el mejor de los casos, hoy o mañana tendremos la aprobación en Diputados, de ser así se sanciona esta ley y pasa al órgano ejecutivo para que la presidenta la promulgue”, indicó el diputado oficialista Gonzalo Barrientos al diario El Deber. La redacción del texto surgió de un acuerdo entre el MAS y el partidos oficialista Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de autoproclamarse presidenta, y el Partido Demócrata Cristiano. Los masistas habrían presentado una propuesta, que sugería el 12 de enero de 2020 como fecha para los comicios, y el gobierno de facto otra, que insistía en respetar el límite constitucional de dos mandatos seguidos para ser candidato, lo que dejaría afuera a Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera. De estas dos proposiciones, nació un proyecto consensuado que anularía las presidenciales del 20 de octubre e incluiría una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas. Una de ellas es el nombramiento rápido de un nuevo órgano electoral, que llamaría a elecciones en un máximo de dos días después de tomar posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que quieran presentarse, sin necesidad de primarias. Un artículo establecería además el respeto del límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos, reportó la agencia de noticias EFE. De aprobarse en la cámara baja, esta ley permitiría dar una salida política a la crisis en la que está sumida Bolivia desde las últimas elecciones, que dieron como vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo. Las acusaciones de fraude en los comicios desataron una ola de protestas que provocó la renuncia forzada del ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre, luego que las fuerzas armadas le retiraran su apoyo y "sugirieran" su dimisión. Tras denunciar "un golpe de estado", Morales tuvo que partir hacia México, que le concedió asilo, y ante el vacío de poder, la senadora Áñez asumió el cargo de presidenta sin el apoyo del Congreso. Esta situación sacó a las calles a los seguidores del ex mandatario que bloquearon los accesos a varias ciudades para exigir la renuncia del gobierno interino. El asedio era principalmente duro en la capital boliviana, donde comenzaron a escasear alimentos y combustibles por los piquetes realizados por los vecinos de El Alto, el suburbio de La Paz que es bastión del líder exiliado. Los bloqueos empezaron a levantarse este sábado, luego de anunciarse la convocatoria para esta tarde de una mesa de diálogo nacional entre el gobierno provisional de Áñez y los sectores movilizados en su contra. Entre ellos, figuran la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones de campesinos y mujeres campesinas, los indígenas del occidente y el oriente bolivianos y los representantes vecinales de El Alto. Los disturbios, enfrentamientos, actos de violencia y represión desde el estallido de la crisis dejaron en Bolivia más de 30 muertos.