La justicia ordenó al gobierno porteño suministrar medicamento a una paciente con cáncer de mama

La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que suministre a una paciente su medicación para el tratamiento de quimioterapia, garantizando de esa forma "el derecho a la salud" que establece la Constitución Nacional y la del distrito. La titular del juzgado número 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, hizo lugar a la medida solicitada por una paciente oncológica y ordenó al Ejecutivo porteño que garantice el derecho a la salud y provea la medicación oncológica para llevar a cabo el tratamiento de quimioterapia indicado por sus médicos tratantes mediante la entrega de palbociclib 125 mg y fulvestrant 250 mg. La decisión judicial se adoptó en el marco de la causa "A., C. L. contra GCBA sobre Amparo-Salud-Medicamentos y Tratamientos". Según relató en su demanda, la actora fue diagnosticada con cáncer de mama izquierda tipo IV, y que se atendía en el Hospital de Oncología «María Curie». Agregó que el 17 de agosto de 2018 se le prescribió un tratamiento de quimioterapia con palbociclib 125 mg y fulvestrant 250 mg y que ese mismo día solicitó la medicación en la farmacia del mencionado nosocomio, donde le extendieron un comprobante con la leyenda "Sin Existencia en Farmacia". Indicó que la paciente realizó idéntico pedido ante el Banco Nacional de Drogas Oncológicas y ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales dependiente del Ministerio de Salud de Nación, pero no obtuvo respuesta favorable. También destacó que "carece de obra social y medios económicos que le permitan acceder a los medicamentos prescriptos". La magistrada señaló que de la historia clínica de la amparista surge que "las consecuencias derivadas del suministro irregular de la medicación podrían radicar en un avance más rápido de enfermedad ósea y riesgo de fractura, deterioro de la calidad de vida del paciente y evolución de la enfermedad en otros órganos". La magistrada subrayó que "si bien es cierto que existen otros organismos con competencia y obligaciones vinculadas al reclamo de autos, lo cierto es que ello no exime al gobierno de la Ciudad a cumplir con su deber de garantizar en forma plena el derecho a la salud que le impone la Constitución Nacional y local, como así también las normas supranacionales".