La protección de los solicitantes de asilo es una piedra en el zapato de las autoridades francesas

La incapacidad de las autoridades francesas para garantizar la protección y el derecho a condiciones dignas de la totalidad de los solicitantes de asilo, desde la crisis migratoria de 2015 en adelante, multiplicó los asentamientos de inmigrantes en las principales ciudades del país. La presencia de estos barrios de emergencia es particularmente crítica en París, donde en los últimos cinco años se efectuaron más de 60 operaciones de desmantelamiento, que de momento fueron ineficaces. "Alertamos una vez más (...) sobre este ciclo infernal de asentamientos, evacuaciones y maltrato policial", denunciaron en noviembre pasado una veintena de colectivos y asociaciones, tras el último gran desalojo de un campamento en el nordeste parisino. Pese a que el gobierno prometió brindar "refugio incondicional" a estas personas, las organizaciones constataron parte de ellos volvieron a las calles a las 48 horas por "no corresponder a los criterios administrativos necesarios". "Como sus carpas y bolsas de dormir fueron destruidos en la evacuación, una nueva errancia comenzó para estas personas en una indigencia absoluta", condenaron las asociaciones en un comunicado. La protección y el acceso a un alojamiento digno para los demandantes de asilo están contemplados en la legislación francesa, pero el sistema de acogida no da a basto, pese al continuo incremento del número de albergues disponibles. "El Estado y los gobiernos locales hacen mucho, al igual que los demás actores, pero los medios desplegados no están a la altura del reto migratorio", dijo a la agencia Télam el director de Emergencias de la asociación Francia Tierra de Asilo (FTDA), Guillaume Schers. Para Schers, el desafío reside en replantear el dispositivo de recepción de inmigrantes para garantizar una acogida digna: "una asistencia social y médica, un alojamiento durable y una preparación para la integración en Francia o el regreso a su país". "Es una lástima que la crisis migratoria de 2015 no haya servido para mejorar el sistema", manifestó el trabajador social, en referencia al mayor reto migratorio que enfrentó Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada -sólo en 2015- de más de un millón de personas desde Medio Oriente y el norte de África. Los conflictos armados en esas regiones, de los que Francia participó como miembro de coaliciones militares, empujaron a esas decenas de miles de personas a emprender peligrosas travesías por el mar Mediterráneo para pedir asilo o refugio en una Unión Europea (UE) que comenzó a fragmentarse ante este desafío. Justamente, la política de asilo europea, desarrollada en el Convenio de Dublín, es uno de las causas que llevan a muchos solicitantes de asilo a terminar en las calles. Según dicho acuerdo, aquellos que registraron sus huellas en otro Estado de la UE no pueden presentar una solicitud de asilo en Francia, salvo que esperen un plazo de entre seis y 18 meses. Son los denominados "dublineses". Ante el empeoramiento de la situación, los alcaldes de 13 ciudades, entre ellas París, enviaron en abril pasado un reclamo urgente al gobierno para brindar un "refugio incondicional" a los habitantes de estos asentamientos, y lo reiteraron en octubre, ante la falta de respuesta. "Nosotros, alcaldes, exigimos el refugio incondicional de las personas presentes en nuestro territorio porque la ley establece que cualquier persona, ya sea rechazada o 'dublinesa', sea atendida antes de su eventual expulsión", señalaron. Un mes más tarde, el ministro de Interior, Christophe Castaner, prometió el "refugio incondicional" y desmantelamiento de todos los asentamientos del nordeste parisino "antes de fin de año". La promesa sólo cumplió a medias y, según denuncian diversas asociaciones, no brinda una solución definitiva.