Mitos y verdades de la minería: el falso debate en Mendoza

¿Minería SÍ o minería NO? Este pareciera ser – y lo es en gran medida- el debate en Mendoza a raíz de las modificaciones a la Ley 7.722. ¿Cuáles son los problemas centrales de este intríngulis que se presentan como verdades axiomáticas en este escenario complejo sobre una temática tan candente? Lo cierto es que existen falacias que deberíamos desarticular antes de sentarnos a negociar, sin importar de qué lado de la mesa de negociación nos encontremos.

1 -La minería es nuestra enemiga porque daña el medio ambiente.
FALSO. En el mundo sobran los ejemplos de minería sustentable y amigable con el medioambiente. Existe la minería responsable y la dañina. Deberíamos comenzar a visualizar y comprender la diferencia. Estas líneas las estoy escribiendo en una notebook cuyos componentes provienen en un alto porcentaje de la minería. No sería posible que tengamos computadoras, celulares, heladeras, aires acondicionados, automóviles, motos, transporte público, luz eléctrica, caños y grifos para utilizar el agua – y la lista es interminable –, si no fuera por la minería que extrae metales de nuestro suelo comenzando un proceso de producción para casi todo lo que nos genera bienestar en nuestra vida cotidiana.

Los mismos petitorios de los llamados “antimineros” no podrían firmarse sin la equisfera de tungsteno que traen la punta las lapiceras comunes que compramos en cualquier librería y los lápices tampoco existirían ya que su punta (mina) está compuesta de grafito. Lo que sí es cierto es que, sin controles estrictos, la minería podría convertirse en un serio problema para nuestra vida. Sin embargo, recordemos que no existe otro rubro en el mundo que reciba tantos controles y asedios como la minería. En todo caso, lo que deberíamos exigir son controles aún más estrictos para extracciones que necesitan de elementos químicos específicos ya que con un tratamiento y manejo adecuado de los mismos, la minería genera puestos de trabajo, recursos y dividendos como ninguna otra actividad y es una actividad completamente compatible con un ambiente saludable para la población.

2 - Las mineras son nuestras enemigas porque se llevan los recursos y no dejan nada.
FALSO. Solo para ponerlo en números claros y contundentes, solo hasta julio en los primeros siete meses del 2019 el Ministerio de Minería recibió $556.555.481,60 en concepto de cobro de regalías, en función de la facturación de las tres minas sanjuaninas (Veladero, Gualcamayo y Casposo) sin mencionar que eso significó un aumento del 64% comparado con los $338.918.786,49 para el mismo periodo del 2018. Hablamos de más de 8.000 millones de dólares entregados al Estado Nacional. En todo caso deberíamos preguntarnos dónde está ese dinero o bien exigir a la clase política la rendición de cuentas sobre su uso. Pero… queda claro que la minería nos deja un buen saldo económico.

3 - Los activistas “antimineros” no son interlocutores válidos.
FALSO. He escuchado este argumento una y otra vez por profesionales de la minería que sostienen que los activistas no tienen la información ni el conocimiento para debatir. A ellos les digo, generen campañas con información relevante, expliquen en términos entendibles para toda la sociedad los procedimientos de la industria minera. Los mal llamados “activistas antimineros” son parte de la sociedad y si no poseen información son las empresas mineras y el Estado los que deben generar información que permita poner un poco de luz para un debate limpio.

4 - Todos los políticos mienten.
FALSO Hay políticos que tienen grandes proyectos y desean incluir a la minería de manera sustentable, cuidando el medioambiente y, al mismo tiempo oxigenar la economía. Nuestro desafío es diferenciar los proyectos y debatirlos más allá de las personas que los encarnan. Miremos la historia reciente. Aprendamos de ella al determinar con datos objetivos el rumbo de las economías y la participación de las mineras en dicho proceso.

En el arte de la negociación es indispensable romper con algunos prejuicios. Asimismo, es sumamente necesario en todo proceso de negociación contar con la mayor información posible e intentar aproximarnos a los intereses de la otra parte verificando si esos intereses están en algún punto conectados con los nuestros.

En muchos casos podemos estar negociando o intentando imponer cosmovisiones, que podrían perjudicarnos en vez de beneficiarnos. Veamos el caso del debate minero en Mendoza a la luz de los últimos acontecimientos, a saber la aprobación a las modificaciones de la ley 7.722.

Luego de que la ley fuera tratada y aprobada por los legisladores mendocinos, se vio en las calles un sinnúmero de manifestantes que salieron con consignas diversas. Algunos señalaban el uso del agua como problema principal. Otros, la supuesta o posible contaminación de la misma. Lo cierto es que el artículo 4 de la ley en cuestión no prohibía, en su versión original, el uso del agua para proyectos mineros, sino que señalaba los controles pertinentes por parte del Departamento General de Irrigación “de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten las cuencas hídricas”. O sea, muchos manifestantes podríamos decir, salieron tardíamente a reaccionar sobre este punto que está autorizado en la ley desde el año 2007.

Otro de los temas que no se ha mencionado es que a principios del 2019, un sector importante de la sociedad, nucleados en más de 170 entidades comerciales e industriales, también se expresaron firmando un petitorio dirigido los legisladores solicitando el urgente tratamiento y modificación de la ley 7.722. Eso significa que la sociedad se encuentra dividida ante esta temática.

¿Desde los principios de la negociación efectiva, qué se puede hacer para mejorar la comunicación entre el gobierno, las empresas mineras y la ciudadanía?

En primer término, nombrar voceros válidos en cada caso. Abrir foros de información e intercambios con la mayor transparencia posible, para lo cual se puede convocar a los medios. Este lunes seremos testigos de la actividad legislativa que buscará, por orden del ejecutivo, derogar la ley como resultado de la presión social. Al mismo tiempo, el código procesal civil, comercial y tributario de Mendoza deja la puerta abierta para una acción de amparo por parte de las empresas mineras, que sientan afectados sus intereses por la demora en la reglamentación de una ley que ya fue publicada oportunamente en el Boletín Oficial.

Sea como sea, necesitamos articular ejes de negociación para habilitar consensos y acuerdos en nuestra sociedad. Dejar de lado los enojos y ataques para avanzar hacia nuevos horizontes de participación, igualdad y equidad entre todos los actores que conformamos el tejido social en un contexto democrático.

Hugo Lescano es consultor en Negociación de la Oficina del Inspector General de la OEA (Washington, D.C.) Es reconocido en el ámbito empresarial y político como el máximo referente de la Negociación y la Persuasión. Fue negociador en las cárceles de Buenos Aires desde 2005 hasta 2017.