Proyecto para que "personas condenadas por corrupción no puedan ser embajadores"

Un proyecto de ley que promueve que las "personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser embajadores" fue presentado hoy en la Cámara baja por el diputado nacional Waldo Wolff (PRO). El proyecto, que acompañaron otros nueve diputados opositores, propone que se reforme la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que no pone restricciones ni requisitos para acceder a un cargo de embajador. Wolff señaló que esta iniciativa se relaciona con su otro proyecto denominado "Ficha Limpia", que propicia impedir que sean candidatos a cargos electivos quienes tengan condenas judiciales por corrupción en una instancia. En el artículo 2 del proyecto presentado hoy se estipula que no podrán ser designadas como embajadores "aquellas personas condenadas con sentencia firme por los delitos previstos" por corrupción en el Código Penal "y aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción". "No lo hice pensando en nadie en particular, sino en concordancia con el proyecto Ficha Limpia que movilizados por actores de la sociedad civil impulsamos el año pasado", dijo a Télam el diputado, que pretende que sea tratado en las sesiones ordinarias. El proyecto "Ficha Limpia" que Wolff impulsó con otros miembros de su bloque estaba inspirado en el de Brasil, y dice que "una condena por delito doloso confirmada por una instancia configura una causa de inhabilidad para ser candidato a cargos electivos". "En el caso de los embajadores políticos me parece hasta más lógico que exista este requerimiento", dijo Wolff, diferenciando de los cargos electivos, donde hay un sector de la ciudadanía que avala con su voto. En agosto del año pasado el proyecto tuvo dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, pero por falta de quórum no pudo ser tratado en noviembre en una sesión especial pedida al efecto por el entonces oficialismo parlamentario. Ante la falta de tratamiento el dictamen perdió estado parlamentario el 30 de noviembre, con el final del período ordinario de sesiones, y fue presentado nuevamente hace diez días por diputados de Juntos por el Cambio, en un texto que presenta algunas variantes en relación al original.