POR REDACCIÓN
11 de octubre de 2019
Los pueblos Mapuches de Río Negro aseguran que la ley Nacional 26160 de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que impide cualquier sentencia de desalojo, no se implementa de manera concreta, "ante esa lentitud, avanzan muy rápidamente los intereses de la industria petrolera, minera o inmobiliaria", dijo hoy uno de los miembros de la comunidad Waiwen Curruf, Hugo Aranea. La 26160 fue prorrogada en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. En agosto se definió en Río Negro un equipo para avanzar en el relevamiento territorial porque en una primera etapa, hace varios años, se habían relevado aproximadamente un 50% de las comunidades, "pero, luego, este proceso se paralizó", aseguró el mapuche. Aranea explicó que todo es con mucha lentitud y sin participación de los organismos del pueblo mapuche, ya que el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) "simplemente revisa y supervisa, pero no participa efectivamente en los equipos". Además indicó que las comunidades están cansadas de reclamar cuando realizan ocupaciones efectivas de sus territorios ancestrales, "los jueces criminalizan estas acciones y no realizan la implementación de la ley nacional". La Ley de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena 26160 prorrogada por la 27400 suspende en su artículo 2 "cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad mientras se realiza el relevamiento". En ese marco, la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche hizo un llamado a resistir en el territorio los desalojos que pretende realizar la Justicia de la Provincia de Río Negro, y solicitaron una reunión con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para abordar los conflictos y fallos que afectan a comunidades de Río Colorado, Choele Choel, Cipolletti y San Carlos de Bariloche.
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