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El recorte de casi 70.000 empleados públicos implicó un fuerte gasto en indemnizaciones, acuerdos y retiros. Los datos fueron informados al Congreso y detallan cómo se distribuyeron los pagos.
El máximo tribunal rechazó los planteos del Estado y de una aseguradora y ratificó el derecho de las víctimas a ser indemnizadas.
El proyecto del Gobierno propone fondos de cese, topes salariales, nuevas reglas de cálculo y modalidades de pago que redefinirían el esquema tradicional de compensaciones laborales.
El texto introduce cambios estructurales como fondos de cese laboral, flexibilización en el uso de vacaciones y la formalización del trabajo en plataformas. El debate oficialismo-sindicatos se agudiza mientras el proyecto avanza en el Consejo de Mayo.
La CNV reglamentó un fondo voluntario que ofrece alternativa al pago indemnizatorio tradicional, con aportes en fondos comunes o fideicomisos.
