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El Gobierno pagó $771 millones por despidos en el Estado
El recorte de casi 70.000 empleados públicos implicó un fuerte gasto en indemnizaciones, acuerdos y retiros. Los datos fueron informados al Congreso y detallan cómo se distribuyeron los pagos.
POR REDACCIÓN
El plan de reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei ya implicó un desembolso de $771.825.763,50 en indemnizaciones, acuerdos y rescisiones de contratos, según datos oficiales presentados ante el Congreso. La cifra surge de una respuesta del Ejecutivo a un pedido de informes realizado durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El monto corresponde a pagos vinculados a despidos, no renovación de contratos y reestructuraciones dentro de organismos públicos, en el marco de un ajuste que incluyó una fuerte reducción del empleo estatal desde el inicio de la actual gestión.
Del total informado, la mayor parte —$694.194.155,86— se explica por la denominada “finalización de disponibilidad”, mientras que $11.503.160,94 corresponden a bajas por cambios de estructura. En tanto, $52.117.372,83 se destinaron a no renovaciones de contratos y $14.011.073,87 a rescisiones contractuales, en ambos casos en concepto de liquidaciones finales.
Más allá de estos pagos, el Gobierno avanzó en los últimos meses con nuevos programas de retiro voluntario, una herramienta que ya había sido utilizada al comienzo de la gestión. Estas iniciativas se implementaron en organismos como la Dirección Nacional de Vialidad, la ANSES y los medios públicos, con el objetivo de continuar reduciendo la planta estatal.
En términos de empleo, los datos del INDEC reflejan la magnitud del ajuste. La dotación total del sector público nacional pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo de este año, lo que implica una reducción de 67.253 puestos, equivalente a una caída del 19,5%.
Dentro de ese total, la administración pública —que incluye organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados— redujo su plantilla de 233.098 a 187.734 empleados, es decir, 45.364 menos. En paralelo, las empresas públicas y sociedades estatales pasaron de 110.259 trabajadores a 88.370, con una baja de 21.889 puestos.
De esta manera, el proceso de achicamiento del Estado no solo se refleja en la reducción del empleo público, sino también en el costo fiscal que implican las indemnizaciones y acuerdos laborales, en una estrategia que el Gobierno busca profundizar en los próximos meses.