¿Qué hará ahora el Congreso?

Tal como se preveía, el proyecto de solidaridad y reactivación productiva se ha convertido en ley. Declara nueve emergencias (económica, financiera, tributaria, energética, administrativa, social, sanitaria, tarifaria y previsional) y realiza once diferentes delegaciones al presidente de la Nación.

Hay dos ángulos de análisis a través de los cuales es posible abordar esta ley: el económico y el jurídico-institucional. No soy economista sino constitucionalista, motivo por el cual me detendré en el último de los dos tipos de análisis enunciados. Desde este ángulo, la ley sancionada es grave.

Lo es porque va en contra de los postulados universales de todo sistema republicano, cuya principal característica es la división de poderes, en función de la cual, la Constitución Nacional reparte las atribuciones entre los diferentes órganos. Sin embargo, a través de ésta ley, el Congreso le ha delegado al primer mandatario un cúmulo muy amplio de potestades legislativas.

La primera pregunta a formularse es si efectivamente la Ley Fundamental, que es la que consagra al sistema republicano, permite esta delegación. Si se lee el Art. 29 de dicha Ley Suprema, se advierte claramente que no, porque inclusive se cataloga como delito que el Congreso le entregue al presidente facultades extraordinarias, y las atribuciones del Congreso lo son para los presidentes.

Sin embargo, en la reforma constitucional de 1994 se ha redactado el Art. 76 de la Ley Superior, que si bien mantiene el principio rector prohibitivo, por excepción autoriza esa delegación en la medida que se den cuatro condiciones: que haya emergencia pública, que haya un plazo definido, que la delegación solo se realice sobre temas de administración y que al momento de delegar, el Congreso establezca las bases que el presidente luego debe seguir a la hora de ejercer esas facultades delegadas.

Si bien en la ley sancionada se ha declarado la emergencia pública y se lo ha hecho por un plazo limitado hasta el 31 de diciembre de 2020, gran parte de las materias delegadas no son administrativas sino tributarias (las que no son de ninguna manera delegables por no ser materias de administración), y las bases elaboradas no son tales, porque en realidad no se le han puesto límites ni condicionamientos al primer mandatario, sino que se le ha pedido, respecto de la situación fiscal, que “provea” a su sustentabilidad; respecto de la reactivación productiva, que la “promueva”; respecto de los haberes previsionales, que los “fortalezca”; respecto del sistema energético, que lo “regule”; respecto de los salarios, que los “impulse”. En definitiva, ninguna base ha sido prevista, sino que hubo lisa y llanamente concesión y delegaciones de potestades sin condicionamientos ni líneas directrices.

Es por ello que la ley no atraviesa filtros de control constitucional, y además genera una sensación de desguace el Congreso Nacional, respecto de cuyos miembros nos preguntaremos cuál será su actividad en los próximos doce meses, ya que gran parte de sus potestades han sido delegadas al Presidente de la Nación.

En el año 1908 el entonces presidente Figueroa Alcorta decidió cancelar la actividad del Congreso durante el receso, cuando ya había enviado un proyecto de ley de presupuesto para su tratamiento en sesiones extraordinarias. En aquel momento el titular de la policía federal, coronel Ramón Falcón, fue el encargado de impedir que los legisladores ingresen al recinto para evitar que sigan dando tratamiento al proyecto de ley que el presidente había remitido.

Ahora no hará falta ningún “Ramón Falcón” que impida a los actuales legisladores ingresar al Congreso, porque los legisladores no tendrán mucho para hacer durante el año 2020 aunque se les permita el ingreso.

En la Argentina nos hemos acostumbrado a solucionar las crisis con descalabros institucionales. Eso no es bueno y los resultados lo indican.