China cuestiona decisiones de la justicia de Hong Kong mientras siguen las protestas

Las autoridades chinas cuestionaron hoy la decisión de la Justicia de Hong Kong de eliminar la ley que prohíbe el uso de máscaras en las protestas ciudadanas en la antigua colonia británica, mientras un centenar de estudiantes permanece atrincherado en el campo de la Universidad Politécnica. La oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades de Hong Kong que hagan todo lo que esté a su alcance para evitar los enfrentamientos entre los manifestantes escondidos en la universidad y las fuerzas de seguridad. Rupert Colville, vocero del organismo, expresó su preocupación por el aumento de la violencia por parte de los jóvenes "que claramente están muy enojados, con quejas profundamente arraigadas". Por ello, instó a las autoridades a "abordar la situación humanitaria" de los manifestantes en la Universidad Politécnica, cuya situación "se estaba deteriorando claramente". La tensión se redujo esta mañana en la universidad conocida como Poly U, después de que 600 manifestantes -200 de ellos menores- abandonaran el edificio. Muchos de ellos quedaron detenidos, mientras que algunos lograron escapar de los cordones policiales y los menores fueron liberados tras ser registrados por los agentes de seguridad. Según el reporte policial, 1.100 personas fueron detenidas ayer en un operativo en el que se requisaron 3.900 bombas molotov. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, informó que alrededor de 100 personas permanecen dentro del edificio, que desde el domingo está siendo asediado por la policía. El grupo quedó reducido a ese número después de que anoche varias figuras de renombre y directores de escuelas secundarias ingresaron al campus para negociar con los estudiantes y la policía. Después de esa intervención, 190 personas abandonaron el campus seguidos en las horas posteriores por un grupo de 600 activistas. Amnistía Internacional llamó hoy a las autoridades a no disparar contra los activistas que escapen de la universidad para descomprimir la situación. "La violencia en Hong Kong es alarmante, pero la dura respuesta policial es la causa principal de esta escalada. Amenazar con el uso de fuego real como han hecho es un paso más y sólo aumenta el riesgo de que haya una tragedia", indicó el organismo en un comunicado. Sin embargo, el nuevo jefe de la Policía, Tang Ping- keung, pidió a los ciudadanos que dejen de señalar con el dedo a la Policía. En una entrevista con el South China Morning Post, Tang dijo que los 31.000 agentes de los que disponen no son suficientes para acallar las protestas y demandó que todos los ciudadanos condenen la violencia de los manifestantes en lugar de "señalar con el dedo" a la Policía. China designó al jefe de Policía por "recomendación y nominación" de Lam, en un claro ejemplo del poder del gobierno central sobre las instituciones de la isla. Esta mañana, Beijing se quejó de que el Tribunal Constitucional de Hong Kong declarara inconstitucional una ley de principio de octubre que prohibía el uso de máscaras en las protestas para facilitar el trabajo de identificación de la policía. Beijing sostiene que sólo la ANP (el parlamento chino), y no la Justicia de Hong Kong ni ningún otro órgano, puede decidir si las leyes locales se ajustan a la Ley Básica. En ese sentido, señala que la ley de la época colonial en la que se basó el gobierno hongkonés para prohibir el uso de máscaras en las protestas sí está en línea con la carta magna local. Beijing señaló que el el fallo del Tribunal Constitucional "debilita gravemente" el poder de las autoridades locales, aunque no anunció si llevará a cabo alguna acción para anularlo. Por su parte, el Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) emitió un comunicado a través de su Oficina para Asuntos de Hong Kong en el que advirtió que el fallo del TC es un "desafío descarado" a la autoridad de la ANP y a Carrie Lam. China también cargó contra Estados Unidos, después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijera ayer que Hong Kong debe abordar las inquietudes públicas porque la policía por sí sola no puede detener los disturbios.