Publicidad

Política > Megacausa

Expropiaciones: por más demoras, no descartan que el juicio quede para 2022

En Tribunales afirman que se viene una nueva catarata de planteos de los imputados.

20 de abril de 2021

Literalmente, el escandaloso caso de las expropiaciones fraudulentas es algo de nunca acabar. El proceso judicial se disparó en 2010 y aún no hay certeza de cuándo será el juicio. La Justicia está notificando de la citación al debate y cuando todo indicaba que los tiempos darían para hacerlo este año, otra vez asoman las maniobras dilatorias. En el edificio 25 de Mayo den por hecho que algunos imputados insistirán con recusaciones y nulidades y advierten que eso puede provocar que el proceso pase para el año que viene.

El escandalo de las expropiaciones es una de las causas más complejas y de mayor volumen en la historia judicial de la provincia y busca determinar si un grupo de abogados, jueces, peritos y funcionarios del Ejecutivo se puso de acuerdo para inflar el valor de terrenos que debía pagar el Estado. Se supone que valiéndose de los puestos clave que ocupaban, se hicieron ilegalmente de varios millones de pesos provenientes de las arcas públicas (Ver Cifras).

Publicidad

Los acusados son los letrados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Rosalba Marún y Carlos Macchi, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera, la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga. A todos les endilgan, entre otros delitos, integrar una asociación ilícita que estafó al Estado.

La investigación ya se dio por clausurada y la causa fue enviada a juicio oral y público. Este año comenzaron las notificaciones sobre la realización del debate y lo que podría ser una mera formalidad, parece encaminarse a derivar en un dolor de cabeza.

Entre los que faltan ser notificados están Marún y Macchi y fuentes vinculadas a la causa aseguraron que, al menos ellos dos, es un hecho que van a recusar a los tres miembros del Tribunal de Juicio, es decir los magistrados Martín Heredia, Silvina Rosso y Matías Parrón. Lo mismo dijeron que podría hacer Graffigna, que es el sospechoso de liderar la presunta asociación ilícita.

En Tribunales se toman del hecho que los exjueces ya han trataron de apartar a magistrados cada vez que pudieron y si bien no tuvieron suerte, advierten que les quitará mucho tiempo para avanzar. A eso se suma que después de las citaciones esperan una lluvia de pedidos de varios imputados para producir nueva prueba y la insistencia de planteos de nulidad, lo que también requiere tiempo extra de resolución. 

Publicidad

El Tribunal de juicio mantiene firme la expectativa de iniciar el proceso este mismo año. Sin embargo, atendiendo a la estrategia defensiva que avizoran, las fuentes aseguraron que es posible que no haya tiempo suficiente y que todo tenga que quedar para febrero de 2022 (es cuando se reinician las actividades tras la feria veraniega).

Si la etapa de citación y producción de pruebas finaliza en el transcurso del segundo semestre, tampoco es garantía de que el debate se vaya a disparar este año. Es que el Tribunal quiere terminar el juicio sin interrupciones en el medio y habría que calcular si dan los tiempos como para dictar sentencia antes de la feria de verano.

Las demoras en la causa no son nuevas. Además de las decenas de planteos de todo tipo que abogados defensores interpusieron en la etapa de instrucción, sobraron los jueces y fiscales que prefirieron no intervenir y que adujeron que conocían o tenían relación con algunos de los involucrados. La situación llevó al por entonces fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (hoy integrante de la Corte de Justicia), que encabezó la querella, a sugerir públicamente la existencia de la corporación judicial.

Cifras

42

Millones de pesos se calcula que es el valor del perjuicio económico que sufrió el Estado con las presuntas maniobras delictivas.

1.500

Son los millones de pesos que el Estado tenía a pagar por expropiaciones sospechosas y que frenó cuando estalló el escándalo.

Publicidad
Más Leídas
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS