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Judiciales > Perjuicio al Estado

Hablan de marzo o abril para iniciar el megajuicio de expropiaciones

Los planteos de los imputados no se detienen. Esperan abrir la etapa de ofrecimiento de prueba en estos meses.

Santiago Graffigna es el imputado más complicado y quien podría recibir la pena más severa. (Foto: archivo)

POR Leonardo Domínguez
06 de octubre de 2021

06 de octubre de 2021

A pesar del deseo del Ministerio Público y la Fiscalía de Estado, el escandaloso caso de las expropiaciones fraudulentas se sigue dilatando. En ambos organismos apostaban a que el juicio oral se iniciara este año, pero la pandemia y los interminables planteos de los acusados han sumado demoras y en Tribunales ya no dudan: el proceso quedará para 2022. Fuentes calificadas estimaron que no será antes de marzo o abril.

La causa está transitando su última etapa. Después de haber sido elevada el año pasado a juicio por el juzgado que la instruyó, comenzaron a llover la presentaciones de imputados que sólo buscan demorar el proceso. El Tribunal del proceso está abocado en estos momentos al estudio de los recursos defensivos, para después convocar a las partes a invocar la prueba que piensan usar en el juicio para acreditar sus teorías.

Todo comenzó en 2010, cuando la gestión giojista denunció una serie de maniobras irregulares en juicios de expropiaciones para inflar el valor de los terrenos. Bajo la lupa hay abogados, exjueces, funcionarios y peritos que presuntamente se pusieron de acuerdo para estafar al Estado en cientos de millones de pesos.

Los acusados son los letrados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el exjuez Carlos Macchi, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera, la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga. A todos les endilgan, entre otros delitos, integrar una asociación ilícita que le generó al Estado un grave perjuicio económico.

La etapa de instrucción duró más de la cuenta, por las inhibiciones de jueces y fiscales por tener una supuesta relación social con algunos de los acusados y constantes pedidos de nulidad. También hubo contratiempos para conformar el Tribunal de juicio, que finalmente está integrado por los jueces Martín Heredia, Silvina Rosso y Matías Parron.

Demoras de la pandemia del coronavirus mediante, los planteos defensivos no han cesado. El abogado defensor del exjuez Macchi insiste con que la imputación a su cliente es indebida, la representantes de tres peritos dice que la elevación a juicio no es válida debe ser declarada nula y la defensa de Graffigna solicita el apartamiento de los jurados Heredia y Rosso y el fiscal Daniel Galvani.

El Tribunal está en vías de resolución de esas objeciones y las fuentes dan por descontado que serán rechazadas. Fundamentalmente, porque no tienen fundamentos válidos y algunas ya fueron hechas en instancias anteriores.

Si bien los imputados podrían recurrir a la Corte de Justicia, esa maniobra no suspende el trámite de juicio y los tres jurados pueden avanzar. La idea, explicaron las fuentes, es abrir en lo que queda de este año la etapa de ofrecimiento de prueba, es decir que el Ministerio Público, la Fiscalía de Estado como querellante y las defensas digan de qué prueba se van a valer y si hay alguna nueva que quieran producir.

Tienen 5 días hábiles para contestar. Sin embargo, las fuentes dijeron que la definición de la prueba es algo engorroso y largo y dieron por seguro que los tiempos no alcanzan para iniciar el juicio oral este año. En diálogo con este diario aseguraron que, si no hay ninguna sorpresa, el debate se podrá estar largando en marzo o abril de 2022.

Más de 10 años después de que la causa empezara a rodar, los acusados se exponen a la posibilidad de recibir duras penas. Sobre todo Graffigna, al ser considerado el líder de la presunta red delictiva.

Dato

El escándalo de las expropiaciones es una de las causas más complejas y de mayor volumen en la historia judicial de la provincia.

Cifra

42

Millones de pesos se calcula que es el valor del perjuicio económico que sufrió el Estado con las presuntas maniobras delictivas.

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