La Corte de San Juan dejó firme el despido de 2.000 estatales

La Corte de Justicia de San Juan le asestó un golpe final al Sindicato de Empleados Públicos (SEP) al rechazar de forma definitiva el amparo que buscaba reincorporar a los trabajadores estatales cuyos pases a planta permanente fueron anulados por el gobierno de Marcelo Orrego. Este fallo no solo ratifica la legalidad del Decreto 62/23, firmado por el gobernador un día después de asumir, sino que también deja sin efecto miles de nombramientos realizados en los últimos meses de la gestión de Sergio Uñac, consolidando la postura del actual Ejecutivo de revisar las decisiones de la administración anterior.

La decisión, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Justicia, integrada por los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, representa un punto de inflexión en el conflicto entre el sindicato y el Gobierno provincial. Los magistrados coincidieron con los fallos de instancias anteriores, declarando inadmisible el reclamo sindical debido a que no se agotó la vía administrativa. Esto significa que el SEP no presentó previamente un recurso jerárquico o de reconsideración ante el Poder Ejecutivo, un paso fundamental antes de acudir a la Justicia.

El Decreto 62/23, eje de la disputa, dejó sin efecto más de 2.000 designaciones en planta permanente. El argumento del Gobierno fue que muchas de estas designaciones se realizaron en el tramo final de la gestión anterior y sin cumplir con los requisitos legales mínimos, como tener al menos seis meses de servicio efectivo y continuo. Además, se anularon extensiones de contratos temporales que tampoco se ajustaban a la normativa vigente.

Los jueces fueron claros al remarcar que el accionar del Ejecutivo se encuentra dentro de sus atribuciones legales, y que la medida busca resguardar el equilibrio fiscal y el correcto funcionamiento del Estado.