La Corte tucumana apartó a la fiscal en la causa contra médicos por el caso Lucía

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó hoy el apartamiento de la fiscal Adriana Giannoni en la causa por "homicidio" iniciada por grupos antiderechos contra los médicos que le practicaron un aborto punible a Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela. Las organizaciones que recusaron a la fiscal van a pedir que se cierre la causa, anticipó a Télam la abogada Luciana Gramaglio del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). "No hay juez ni fiscal en esta causa", explicó a Télam la profesional. Fueron las organizaciones Cladem y Abogadas y Abogados del Noreste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) las que pidieron la recusación del juez penal Facundo Maggio, que entendía en la causa, y de la fiscal del caso, Adriana Giannoni. Las actuaciones judiciales se iniciaron en marzo de este año cuando fueron denunciados el médico José Gigena y la médica Cecilia Ousset, quienes el pasado 27 de febrero le practicaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a la niña. La denuncia penal por "homicidio" la hicieron el médico Jorge Ramacciotti y los abogados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana Colombres, Constanza Del Carril, Raúl Alfredo Lezana y Angela Vittini. La causa estaba a cargo de Maggio y Giannoni, que fueron apartados por pedido de las ONGs "por temor fundado de parcialidad ya que el juez fue abogado del arzobispado y defensor en juicios de lesa humanidad, y la fiscal se manifestó públicamente en contra del derecho al aborto no punible", explicó la abogada. "Giannoni tiene un posicionamiento político-ideológico que no le permite actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos", agregó. La presentación de las organizaciones fue en abril, y en agosto la Cámara de Apelaciones en lo Penal aceptó la recusación del juez y la fiscal. La fiscal Giannoni, entonces, recurrió a la Corte que hoy ratificó lo decidido por la Cámara y la apartó de la causa contra los médicos. "Ahora, vamos a pedir que se cierre y archive la causa porque no hay delito ya que los médicos practicaron una interrupción legal del embarazo. Y además pedimos una reparación para Lucía (nombre con el que se decidió identificar a la niña para proteger su identidad), que ha visto vulnerados todos sus derechos", destacó Gramaglio. Luego añadió que con esta denuncia "se intenta amedrentar a cualquier profesional de la salud que practique una ILE y también se siguen violando los derechos de las niñas. Lucía es uno de los tantos casos que existen". La situación llegó en septiembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "como caso testigo del incumplimiento de las obligaciones del Estado, tanto nacional como tucumano". En la audiencia "planteamos los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina". La niña fue violada en reiteradas oportunidades por la pareja de su abuela y cuando llegó desde una zona rural de Tucumán a la capital provincial para recibir asistencia médica, tuvo que atravesar numerosos obstáculos durante un mes para que se concretara la ILE. En declaraciones a la prensa, la mamá de la niña dijo que "ella pedía que le sacaran eso que el viejo le había puesto adentro" Lucía tiene ahora 12 años y está terminando la escuela primaria.