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Paso en falso

Hasta el año 2009 los partidos políticos elegían a sus candidatos para ocupar cargos públicos nacionales a través de internas cuyas características ellos mismos decidían. Ejercían esa potestad en el marco de la facultad que la ley (y desde 1994 la Constitución Nacional) les asignaba para designar candidatos a ocupar cargos públicos.

Félix V Lonigro

POR Félix V Lonigro SEGUIR
25 de junio de 2019

25 de junio de 2019

Hasta el año 2009 los partidos políticos elegían a sus candidatos para ocupar cargos públicos nacionales a través de internas cuyas características ellos mismos decidían. Ejercían esa potestad en el marco de la facultad que la ley (y desde 1994 la Constitución Nacional) les asignaba para designar candidatos a ocupar cargos públicos. En este contexto fue siempre normal y habitual que las agrupaciones políticas se inclinaran por realizar internas cerradas, es decir, exclusivas para los afiliados. Sin embargo en 2009 se sancionó la ley 26.571, mediante la cual se estableció que los partidos políticos deben elegir a sus candidatos a través de internas abiertas, simultáneas y obligatorias.

Desde entonces se les ha cambiado el nombre a las tradicionales internas, denominándoselas “primarias”, tal como se las conoce en los EE.UU., y se dispuso que sean abiertas, porque en cada partido político pueden votar no solo los afiliados a él, sino cualquier elector, aun cuando esté afiliado a otro partido; simultaneas porque todas las agrupaciones políticas deben realizar sus internas el mismo día; y obligatorias, no solo porque todos los electores están obligados a votar, sino también porque los partidos políticos no pueden eludirlas, ni aun cuando no exista más de una fórmula presidencial o más de una lista de diputados y senadores. Asimismo, en función del sistema federal que rige en la Argentina, cada provincia tiene la potestad de decidir si, para la elección de sus propias autoridades, los partidos políticos deben, o no, desarrollar internas abiertas, simultáneas y obligatorias.

El tiempo ha puesto de manifiesto que ni siquiera a los mismos dirigentes les interesa dirimir sus candidaturas en las PASO. No solo buscan por todos los medios evitarlas para lograr fórmulas y listas de unidad armadas a dedo y conforme los designios de las máximas autoridades del partido, sino que además, por otra parte, ha quedado demostrado que los partidos políticos no son usinas de ideas sino de alianzas estratégicas entre dirigentes a los que les da lo mismo estar con unos o con otros según la conveniencia electoral de la coyuntura.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias han perdido razón de ser, se han convertido en la primera vuelta electoral, y constituyen una gran encuesta que le cuesta al país muchos millones de pesos, que bien podrían ser invertidos en obras que la gente necesita para vivir mejor.

Pero más allá de ello, la ley 26.571 creadora de las PASO, no supera un filtro de control constitucional, porque si bien podría considerarse que constituye una reglamentación del artículo 38 de nuestra Ley Suprema (que asigna potestad a los partidos políticos para presentar candidatos, sin mencionar si dicha atribución es exclusiva o no), ha incurrido en un exceso reglamentario por dos motivos: primero porque al imponer a los partidos políticos una determinada forma para elegir a sus candidatos a ocupar cargos públicos, ha violado irrazonablemente la libertad que el constituyente les ha asignado en ese sentido, y segundo porque ha reglamentado también irrazonablemente los derechos políticos de los ciudadanos electores, al obligarlos a inmiscuirse en internas de partidos políticos a los que probablemente no pertenecen, máxime teniendo en consideración que en esas internas los ciudadanos no eligen representantes o gobernantes, sino solo “candidatos”.

¿Cuál es el motivo por el que se obliga a los ciudadanos a votar en internas partidarias, en las que, para colmo, ni siquiera hay opciones para elegir porque las candidaturas ya fueron armadas a dedo? Eso es una restricción inconstitucional a los derechos políticos activos.

Y por otra parte resulta inconcebible que la ley permita a ciudadanos independientes o afiliados a otros partidos políticos, a inmiscuirse en la interna de una agrupación a la que no pertenecen, con la que no tienen la más mínima afinidad ideológica y a la que seguramente jamás votarían en una elección general, simplemente para perjudicar a tal o cual precandidato. Ello desnaturaliza el principal objetivo que un ciudadano tiene cuando se afilia a un partido político, cual es el de tener una participación exclusiva en la elección de los candidatos que el mismo designa para llevar a la práctica, en una eventual gestión de gobierno, las ideas propuestas en su plataforma.

La conclusión es, entonces, que la ley que creó a las llamadas PASO es inconstitucional por constituir una reglamentación irrazonable de los derechos de los partidos políticos y de los derechos políticos de los electores. Es por ello imperioso derogarlas y permitir que los partidos políticos diriman sus internas tal como se les plazca. Pero ello debe ser hecho por ley el Congreso, y no por Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que esos decretos están vedados constitucionalmente cuando se trata de temas penales, impositivos, electorales y de partidos políticos.

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